Los partidos políticos iniciaron los días posteriores a las elecciones europeas y a la abdicación del Rey una carrera por la regeneración del sistema que ha provocado un verano de continuas declaraciones de intenciones. A la cabeza de estos anuncios aparece el renovado PSOE de Pedro Sánchez y sus federaciones, que ultiman un ambicioso documento repleto de medidas regeneradoras, y un PP en el que Mariano Rajoy parece haber asumido por fin que el país no solo necesitaba reformas económicas y financieras, sino también políticas e institucionales, para combatir la desafección ciudadana.
Cada partido dominante está haciendo la guerra por su lado, asumiendo en parte peticiones históricas de otras formaciones minoritarias como IU o los nacionalistas de izquierdas, si bien convergen en lo esencial: es necesario reducir el número de aforados, eliminar por ley duplicidades institucionales, auspiciar la gobernabilidad y la estabilidad, garantizar la depuración por defecto y no al arbitrio de los partidos de aquellos cargos públicos implicados en casos de corrupción... En apenas unos meses, han desaparecido las excusas para aprobar éstas y otras medidas (necesarias reformas constitucionales, falta de consensos, etc...) y asistimos a una aparente lucha contrarreloj para que buena parte de ellas estén aprobadas antes de la doble ronda electoral del 2015.
En el caso concreto de Aragón, los dos principales partidos también han iniciado sus trabajos al respecto. El PSOE de Javier Lambán realizando una intensa tarea con participación de los militantes para conseguir un decálogo de buen gobierno y ejemplaridad pública muy ambicioso. Mientras, el PP de Luisa Fernanda Rudi, se ha dirigido a los líderes de los partidos aragoneses para constituir una ponencia parlamentaria desde la que pactar medidas de regeneración democrática. De esta forma, la dirigente del PP aragonés ha formalizado el impreciso anuncio del último debate de la comunidad celebrado en julio y se suma a otras iniciativas en marcha para recuperar la credibilidad en el sistema. Es deseo de la presidenta que del trabajo de esta comisión surjan tantas iniciativas legislativas como sean necesarias para recuperar la confianza de la sociedad en la política y en el reconocimiento de los partidos como instituciones. Habrá que ver la respuesta de los aludidos y el tiempo real para aprobarlas.
Es paradójico el giro reformista de los populares al respecto, pues hace solo un año el Gobierno de Aragón no veía necesario abordar un debate de esta naturaleza, al circunscribir la presidenta la desafección ciudadana al ámbito de unas minorías que cooptaban el espacio público. En todo caso, hay que dar por bienvenida la iniciativa siempre que el PP olvide el ventajismo que le confiere estar coyunturalmente en el poder, pues sería lamentable que pretendiera imponer unas medidas que no estuvieran apoyadas por una nítida mayoría social y política. Por eso, extraña que el PP cierre esa mesa de debate a aquellos partidos que no tienen representación institucional en Aragón actualmente pero que indudablemente, tras las mencionadas elecciones europeas, están llamados a jugar un papel clave. Me refiero, obviamente, a Podemos y a UPD.
La adopción de fórmulas para regenerar el sistema y ganar la confianza ciudadana es más que necesaria, pero no puede enmascarar otras intenciones. Parece alarmante que, en ese debate, los populares pretendan colar una reforma de la ley electoral en el ámbito municipal pensada para garantizarse la continuidad en el poder, por más que aseguren que se trata de defender la gobernabilidad desde el respeto a las opciones mayoritarias de los ciudadanos.
Da la sensación de que el PP se aplica la máxima lampedusiana según la cual todo cambia para que todo siga igual. Es decir, afianzarse en el poder y, en caso de alternativa, dar pie a un bipartidismo perpetuo ignorando el duro golpe que acaba de recibir en las urnas. A expensas de conocerse un borrador de la reforma, existen muchas lagunas, sobre todo las que hacen referencia a la segunda vuelta en caso de que no se obtengan mayorías absolutas o muy cualificadas. Sin olvidar las dudas que un cambio de esta naturaleza genera sobre la labor de oposición, pues habría que garantizar la capacidad de censura de la oposición cuando fuera necesario.
En definitiva, las medidas de regeneración son más que necesarias, pero el PP no puede aprovechar el debate para colar una reforma electoral a su conveniencia.
