Que nuestra democracia está enferma es una obviedad. Y se constata en la desconfianza ciudadana hacia «los políticos en general, los partidos y la política», ya que en las encuestas del CIS de los últimos meses de noviembre, diciembre, enero y febrero se ha situado en segundo puesto tras el paro, incluida en una terna por el 31,3% , 29,8%, 31,1% y 29,4% respectivamente.
Para recuperar la confianza ciudadana, los partidos políticos (PP) tendrían que hacer reformas. Pero esto, no depende tanto del ordenamiento jurídico vigente como de la propia cultura política de una sociedad y de sus demandas concretas. En la capacidad social y política de imponer cambios en los partidos está la clave, para que estos funcionen mejor como instrumentos de participación y de expresión del pluralismo político en una democracia. El derecho puede establecer mejores condiciones para que tales cambios se produzcan. Pero será inútil si los cambios jurídicos no vienen acompañados del convencimiento de los partidos de la necesidad de cambiar sus actuaciones.
Aceptadas tales premisas, es claro que los cambios jurídicos posibles en el tema exigen adoptar un doble punto de partida. Por una parte, el art. 6 de la Constitución exige a los partidos un funcionamiento interno democrático... Por otra, no podemos olvidar que los partidos son asociaciones libres de ciudadanos.
Por ello, las reformas deben moverse en un equilibrio entre una intervención legislativa para garantizar los mandatos constitucionales y también la garantía de un ámbito amplio de actuación de los partidos. En este marco, es claro que entre lo recomendable y lo jurídicamente exigible, hay un amplio margen de maniobra que lo deben cumplimentar los propios partidos.
La principal propuesta es que la ley obligue a las formaciones a las primarias para la selección de sus candidatos a la dirección del partido. Es un error el pensar que la democratización de estos dependa exclusivamente de las primarias. Su democratización interna es algo más complejo. La cuestión de las primarias cobra sentido en un contexto más amplio de democratización interna. En este contexto hay una serie de propuestas expuestas por Rafael Bustos Gisbert en su libro Calidad democrática.
Garantizar el derecho de asociación dentro del partido, así como la libertad de expresión de sus miembros, respetando la lealtad hacia el partido y sus dirigentes. Asegurar una periodicidad de los congresos, que podría ser de dos años mínimos. La elección directa de los compromisarios para los Congresos sobre el voto igual de los militantes. Censos anuales y actualizados de militantes y, en su caso, de simpatizantes. Imponer sistemas de elección de compromisarios u órganos de dirección que aseguren la presencia de las minorías (como la adopción de votos mayoritarios limitados, es decir, que el elector pueda votar a un número de candidatos inferior a los puestos a cubrir). Introducir mecanismos de democracia directa: revocación de mandato a órganos de dirección, convocatoria extraordinaria de congresos a petición de un número cualificado de militantes, consultas democráticas internas para determinadas decisiones… Limitación de cargos dentro del partido acumulables en una persona. Prohibición de la reelección indefinida en los órganos de dirección. Delimitar las obligaciones de transparencia patrimonial de los cargos directivos en el partido. Aprobación de códigos de conducta ética y mecanismos para hacerlos efectivos, determinando los comportamientos exigibles y las sanciones por incumplirlos. Concretar las incompatibilidades entre los cargos de partido con los estrictamente políticos, como en el PNV. Determinar los efectos sobre los militantes y los cargos del partido de posibles imputaciones o condenas por delitos o infracciones administrativas. Institucionalizar que los militantes y, en su caso, los simpatizantes participen en la elaboración de los programas electorales y en las ponencias que los compromisarios lleven a los congresos.
Es en este marco de reforma general, en el que cobra sentido la democratización de la selección de los candidatos. Este tema es complejo y con aristas. No parece idónea la idea de imponer a todos los partidos una forma determinada. Ni las primarias necesariamente son la mejor fórmula de selección de los candidatos, como se ha demostrado en ocasiones. Seleccionar a sus candidatos es tarea del propio partido. Cada cual puede elegir su procedimiento según su tradición y prioridades políticas. Lo que sí se debería evitar es que la decisión final de la selección del candidato recaiga en la oligarquía del partido o en el clásico dedazo, como hizo Áznar. Por ello, bastaría con la obligación de que el nombramiento de algunos puestos en el partido o los candidatos a la presidencia del gobierno o de la comunidad se decidieran al final por alguna votación (directa o indirecta) en el partido.
Si además, el sistema electoral, a todos los niveles, permitiera la creación de un grupo de miembros del partido independientes debido a su probada capacidad para ganar las elecciones en sus circunscripciones, quizá se aliviaría, no romper, la Ley de hierro de oligarquía descrita a inicios del siglo XX por el sociólogo alemán Robert Michels para explicar la contradicción de por qué los partidos políticos, que son las principales instituciones de la democracia, no son organizaciones democráticas.
*Profesor de instituto
