En los dos artículos anteriores he esbozado algunas reflexiones y principios sobre la regeneración institucional. En esta tercera entrega, intentaré exponer algunos elementos concretos de la gestión pública.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en los distintos planos de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública (NGP). En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el usuario-cliente de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.
El concepto fundamental en toda gestión pública es el de la Planificación Estratégica (PE). Concepto que primeramente se usó en la empresa privada y luego pasó a la empresa pública. Se trata, en definitiva, de aplicar una herramienta nueva de gestión para un tiempo en que existen nuevas demandas y nuevos desafíos, por lo que es útil y necesaria para un ajuste continuo a las nuevas situaciones. Y como las situaciones son cambiantes, esta herramienta de gestión debe ser dinámica, nunca estática. La PE permite clarificar a qué usuarios nos dirigimos y cuáles son sus demandas, que se traducirán en servicios. Desde el punto de vista de la gestión, la PE no admite súbditos sino colaboradores. Todos, desde el ordenanza hasta el director general deben tener creatividad en su ámbito de actividad. La dirección debe fomentar la participación crítica ante unos objetivos claros, alcanzables y medibles. Además, la PE debe ser escrita, pues las palabras se olvidan y la escritura ata el pensamiento. Además, si la Administración, cada Administración, escribe en una Carta de Servicios cuáles son sus objetivos y los indicadores de sus resultados, los ciudadanos pueden evaluar la gestión sin necesidad de retóricas ni mítines. De esta manera serán los ciudadanos los auténticos evaluadores de la gestión.
Ahora bien, para elaborar un PE hace falta, por parte de los directivos, desarrollar un pensamiento estratégico: actuar siempre en función de los objetivos a alcanzar, priorizando dichos objetivos y las acciones respectivas, y elaborando indicadores que permitan contrastar la consecución de los objetivos propuestos. Por descontado que la PE no es una varita mágica, ni se puede usar como mera propaganda, porque también hay peligro de una excesiva burocratización si las decisiones no se descentralizan inteligentemente.
En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente, ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por omisión, la eficacia-eficiencia.
La corrupción es un abuso de poder que supedita el bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría tanta corrupción.
La falta de eficacia-eficiencia (hacerlo bien optimizando los recursos disponibles) es consecuencia de la ausencia de auténticos directivos y de una inexistente coordinación político-administrativa que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una respuesta rigurosa a sus demandas.
Como colofón final, debo decir que estas tres entregas sobre la Función Pública, no es teoría para elucubrar sino que es la propia Constitución quien nos lo demanda. Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración. H
