El cierre de la central térmica de Andorra era algo que estaba anunciado desde mucho antes de que el Gobierno de Rajoy tuviera que decirlo con la boca pequeña. El carbón es una fuente de energía obsoleta porque es contaminante y la Unión Europea, con el visto bueno de España, por supuesto, hace días que dijo que había que desprenderse del lignito y poner en marcha una reindustrialización más sostenible con miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Es por eso que la UE ha quintuplicado las ayudas a España hasta los 1.800 millones de euros para la transición energética justa y las energías renovables aparecen como una apuesta segura también en el empleo, generando más de 80.000 puestos de trabajo en el país, frente a los 1.500 actuales del carbón. Un proceso, hasta cierto punto lógico, en el devenir económico global. Pero lo que llama poderosamente la atención es que las administraciones no están siendo muy rápidas a la hora de empezar a ver esa transformación. Se ven buenas intenciones, pero no se ven certezas, y eso es lo que pone muy nerviosos a los trabajadores de Endesa y sus empresas auxiliares y a todos los vecinos de la comarca turolense que, de una o de otra manera, viven de todo lo que ha dado de sí la térmica. Esa lentitud es el problema.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirma hoy en una entrevista que publica EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que el cierre de la central de Andorra es una mala noticia para la comarca y para Aragón pero asegura que hay alternativas. Como responsable de la Agenda 2030 del Gobierno central, el líder de Podemos dice que hay que trabajar «por una política industrial de carácter público que esté alineada con la transición ecológica y que garantice nuevas oportunidades y empleo de calidad. Por eso el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de aprobar estrategias de transición justa, para identificar y adoptar medidas que protejan a los territorios, sectores y trabajadores potencialmente vulnerables en esta transición». Y esa es la línea por la que apostó también la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su visita del año pasado a Andorra y cuando recientemente se firmó, junto con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO el acuerdo por una transición energética justa para las centrales térmicas en cierre como la de Andorra. Hasta ahí, todo perfecto e incluso cuando desde el propio Ministerio para la Transición se dice que hay casi un centenar de proyectos empresariales sobre la mesa, o cuando el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, anuncia que está muy avanzada la negociación para la instalación en la comarca de una potente empresa que creará un centenar de empleos.

Pero ni los trabajadores ni los vecinos tienen buenas vibraciones. No es que se ponga en duda lo que las administraciones anuncian, pero no se ve mucha celeridad. Es cierto que los meses del estado de alarma por la pandemia han sido un hachazo para todas las políticas, y seguramente también para esta, pero la térmica ha seguido su calendario y esta semana ha dejado de quemar carbón para siempre. Las administraciones deben ser muy rápidas en la reactivación industrial de la zona, antes de que los trabajadores abandonen sus pueblos por falta de perspectivas concretas. Es el momento de que las intenciones se conviertan en certezas para la comarca. Y esas certezas se deben concretar cuanto antes porque el objetivo primordial del acuerdo firmado y de la estrategia de transición justa no es otro que el mantenimiento y creación de empleo.

Y hay alternativas. Por supuesto que la actuación de empresas privadas como Endesa y Samca es un primer paso muy plausible. Pero hay mucho más. Se está abogando por un cambio en la forma de producir la energía en el país, y eso debe leerse como una inmensa oportunidad de futuro. Se está viendo que hay muchísimo empleo en el desarrollo de las nuevas energías, eólica y solar, aunque de entrada sea en la construcción de los distintos parques y después en el mantenimiento es menor pero tiene calidad y se extiende por toda la comarca. Pero hay más cuestiones: la rehabilitación de viviendas, el cuidado de los montes, el aprovechamiento de la biomasa como medio de abastecimiento menos contaminante para la generación de energía o lograr un transporte mucho más limpio.

Todo ello para no perder el tren de la transición ecológica y atraer la generación de empleo que debería acarrear. «Hay muchísimo empleo posible, muchísimas ayudas europeas esperando a venir para quien apueste por el futuro», dicen las autoridades. Pues hágase realidad ya, que la central no funciona y los trabajadores siguen ahí.

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