El sistema ferroviario que da servicio al territorio aragonés registró el pasado año más de 550 averías o incidencias, según ha reconocido el consejero de Obras Públicas y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, en sede parlamentaria. Es el resumen nada decoroso de una colaboración entre Renfe y el Gobierno de Aragón por la que este abona anualmente una cantidad que ronda los 11 millones de euros a la compañía ferroviaria para enjugar el déficit de explotación que registra en la mayoría de los trayectos sobre los que actúa. El reconocimiento gubernamental del desfase entre el pago de unos servicios y la falta de eficiencia en el suministro de los mismos es nuevo y debe valorarse, pero obliga a la consejería a ser exigente ante Renfe en la prestación de los mismos. De otra forma no se entendería la voluntad política en demanda del mantenimiento de unas comunicaciones ferroviarias que estructuren mínimamente el territorio. El Ministerio de Fomento, garante en última instancia de las infraestructuras que se ofertan no puede desentenderse de sus competencias
