La patronal del sector eólico español ha traído a sus colegas europeos al congreso que se celebra en Barcelona para que den un tirón de orejas al Gobierno, cuya reforma energética amenaza con hacer temblar las cuentas de explotación de las compañías de energías renovables. Peor que la tardanza de la reforma es su retroactividad. Una medida así en un país con una dependencia energética del 71% --la media europea es del 54%-- y, por tanto, sujeto a inversiones extranjeras en el sector genera gran inseguridad jurídica. El Gobierno ha echado mano de una reforma drástica para acabar con el déficit de tarifa, que al final o pagan los consumidores o el Estado con deuda pública. La Unión Europea impuso su eliminación en el memorando del rescate de la banca, por lo que Mariano Rajoy está obligado a aplicarla. Eso es una cosa, y otra muy distinta considerar que las renovables son las únicas subvencionadas. El hecho de que todo el sector energético --renovables, fósiles y nuclear-- discrepe de la reforma no la hace ni más ecuánime ni más acertada, sino quizá todo lo contrario.
