UGT no se ha caracterizado por resolver bien sus crisis --ahí sigue la gestora de la federación de industria aragonesa, casi dos años después de disolverla y expulsar a sus dirigentes--. Pero la decisión de apartar fulminantemente al líder de servicios públicos, Ignacio Aguar, por reclamar regeneración y buenas prácticas en el sindicato, es una represalia manu militari impropia para un sindicato con tantos frentes abiertos. El secretario regional, Daniel Alastuey, en vez de pedir a Madrid la sanción a Aguar, debería escuchar, dialogar y dar explicaciones. Se pide transparencia, no mandar callar.
