Rajoy ha convocado elecciones catalanas el 21 de diciembre. Nadie duda de que habrá urnas y que millones de personas depositarán su voto. El Estado español, nos guste o no, tiene capacidad sobrada para organizarlas. De nada sirve ahora afirmar que con el 155 se pretende arrasar el autogobierno. Es sobrero. Y aunque en la práctica administrar Cataluña desde la Moncloa sea muy difícil, a 50 días de los comicios no parece relevante si los consellers ocupan o no sus despachos. La fuerza de la razón, como dijo Puigdemont, le asiste, pero si el soberanismo no es capaz de concentrar sus fuerzas para pedir el voto a la población estará entregando la primera institución del país. Arrimadas podría ser la presidenta, o bien Iceta, parlamentario brillante. El unionismo suma sus fuerzas, y de nada sirve recordar que el PP es corrupto o una fuerza residual en Cataluña. El Gobierno español ejerce el poder absolutamente y, avisado por Europa, ahora, sin recurrir a la violencia del 1-O. La independencia se ha declarado obedeciendo el mandato de un referéndum defendido físicamente por la gente. Pero para pasar de una declaración a una implementación se necesita mucho más. Además de recaudar los impuestos, el expresident Mas concretaba en el Finantial Times que se necesita el control de las infraestructuras y las aduanas, y una Justicia que haga cumplir las leyes que emanen del Parlament, para disponer de una independencia real. Si el soberanismo sube el 21-D, podrá avanzar hacia un nuevo Estado. Pero si no es capaz de entender la realidad actual, la república habrá entrado en su exilio interior. H *Periodista
