El plan de inspección de residencias del Gobierno de Aragón ha abierto expedientes sancionadores al 15% de las instalaciones revisadas, por la detección de irregularidades, leves, graves y muy graves. El plan que concluirá en el 2019 ha supuesto de momento el cierre de una veintena de centros por no cumplir los requisitos exigidos por la DGA. El director general técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales reconoce el aumento de un 16% de los inspectores destinados a estas revisiones, a raíz del incendio del 2015 en la residencia de Santa Fe. La administración debe extremar el control de las garantías de seguridad y atención adecuada en los centros de mayores. Por eso, bienvenidas las inspecciones.