Es condición indispensable del estado de derecho el respeto de la ley, sin ninguna duda. Un respeto que, desde mi punto de vista, debe estar sometido a dos cautelas. La primera es que sea un respeto de todas las leyes, no de unas sí y de otras, no, pues la legalidad no puede quedar sometida al capricho de quien la aplica o se somete a ella. La segunda, que se aplique la ley con inteligencia, pensando en los efectos de su aplicación y modulándola a las exigencias de la situación, lo que Aristóteles denominaba epieikeia. No tendría sentido, por ejemplo, multar a un vehículo que, en una situación de urgencia, se salta un semáforo en rojo.
Ninguna de las dos cautelas se produce en nuestro país, de tal modo que podríamos decir que la ley que mejor aplica el gobierno del Partido Popular es la ley del embudo. Llevamos semanas escuchando al gobierno pontificar sobre la necesidad del respeto a la ley, cosa que es muy loable. En ese sentido, cabe exigir al Gobierno de la Generalitat que se ajuste a la legalidad en curso y no la vulnere de manera torticera y, a juzgar por los efectos que está provocando, torpe. Pero resulta de un descarnado cinismo escuchar esa apelación a legalidad por parte del Partido Popular, experto en el incumplimiento de la legalidad. Y no me estoy refiriendo al hecho de que el PP esté investigado por su constante vulneración de la ley en el ámbito de su financiación, sino al flagrante y consciente incumplimiento de leyes aprobadas por el parlamento español. Cabe recordar, por ejemplo, la displicencia con que Mariano Rajoy afirmó que la Ley de Memoria Histórica no había recibido un solo euro de financiación, vulnerando el propio articulado de la ley, que obliga al gobierno a firmar convenios de financiación de las entidades. O también el incumplimiento de la ley de dependencia, que ha dejadas desatendidas a muchas familias, a pesar de que ese concepto de familia sea tan caro al ideario conservador. Exigir a los demás lo que uno no hace no parece propio de gente seria.
Por otro lado, la ley debe ser aplicada con inteligencia. E inteligencia, en política, cuando se tienen responsabilidades, significa bien social, no interés partidista. No dudo de la inteligencia de los dirigentes del PP, en absoluto, de lo que dudo es de su buena fe, pues anteponen sus intereses electorales y de partido a los de su país. Echar gasolina al fuego, aunque la ley lo permita, no es una estrategia inteligente. Así, cuando el Gobierno de Cataluña, tras su desastrosa gestión del procès (digo desastrosa desde la perspectiva de la derecha catalana que encabeza ese proceso, que se ha encontrado con la desafección de sus sustentos económicos. Por cierto, ¡menudos patriotas!, los de las empresas, digo. Y es que, en general, los ricos se envuelven en banderas hasta que tiene que pagar impuestos), buscan alguna vía para salir airoso de la situación, encarcelar a dos personas que tienen un amplio respaldo social en Cataluña y que no han cometido ningún desaguisado (sí, se han saltado la ley, como también se la saltaron en Zaragoza los que asediaron el Siglo XXI y agredieron a la presidenta de las Cortes, y aquí no ha pasado nada) no ayuda a resolver los problemas. ¡Pero hombre, señor Rajoy, que ha apoyado usted a una oposición en Venezuela que ha utilizado helicópteros para bombardear las instituciones, que ha lanzado bombas incendiarias contra la policía y ha causado decenas de muertos! Pongo este ejemplo porque sé que al PP y sus medios de comunicación les gusta mucho hablar de Venezuela, claro. Y no me hablen de la independencia de la Justicia, de la que podríamos hablar largo y tendido y que tantos ejemplos nos está dando últimamente, especialmente en Aragón, de no ser sino una declaración de intenciones (como la del respeto a la ley, vaya). No me hablen porque la fiscalía sigue instrucciones del Gobierno y esa fiscalía solicitó prisión incondicional.
Por cierto, ¿qué crédito merece, desde una perspectiva política, una fiscalía y un ministro de justicia reprobados por el Congreso? ¿Pueden ser estos los instrumentos del estado de derecho? No parece lo más acertado que en una situación tan delicado como la que nos encontramos sean personas rechazadas por la mayoría del pueblo español, a través de sus representantes en Cortes, quienes tengan en sus manos el destino del país.
*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza
