Numerosos zaragozanos volvieron a salir ayer a la calle para mostrar su rechazo al pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Muchos de ellos forman parte de los 50.000 vecinos que han recurrido, sin éxito, para que el Gobierno de Aragón no les cobre un impuesto que consideran injusto, algo que comparten con numerosos vecinos del Pirineo que pagan por un servicio que no reciben. Al margen del argumento de que todos los impuestos se pagan desde el principio de la solidaridad, lo cierto es que este impuesto autonómico ya nació con problemas, tras un sobredimensionado y mal planificado plan de depuración que está siendo objeto de investigación en una comisión parlamentaria en las Cortes. Y es precisamente en las Cortes de donde debería salir un acuerdo pactado al máximo, para conciliar los intereses de las arcas públicas con los derechos de los consumidores que entienden que la recaudación de este tributo es injusta. Hay antecedentes muy cercanos que demuestran que con negociación todo es posible de enmendar. Si hace dos meses parecía muy remota la posibilidad de que el Gobierno de Aragón pudiera pactar con Ciudadanos --y acercar posturas con PP y PAR-- respecto al impuesto de Sucesiones, y hoy es una realidad el acuerdo, por qué no puede ocurrir lo mismo con este impuesto. Es precisamente lo que ayer reivindicaron los ciudadanos que salieron a la calle.