El caso de presunta contaminación ambiental del río Cinca por parte del pesticida DDT debe ser motivo de honda preocupación social y política. De confirmarse las acusaciones de Greenpeace, la conservación del río y las afecciones en la salud pública deben ser motivo de inmediata respuesta por parte de las autoridades competentes. No hay que perder el tiempo sobre qué administración, qué empresa o quién lo hizo mal hace tiempo. Primero aclarar qué riesgo hay, si es que hay, y después, actuar como proceda y contra quien sea. No hay que crear ninguna alarma, pero no aclarando la situación real es fácil crear ese alarmismo.
