José Luis Rodríguez Zapatero presentó ayer al Senado a su Gabinete y su programa. El último presidente del Gobierno que tuvo este gesto fue Felipe González en 1986. Hace 18 años. Y han pasado siete desde la última comparecencia de José María Aznar en la Cámara alta, con motivo del único debate de las autonomías que creyó oportuno celebrar, en 1997. Dos datos que ilustran hasta qué punto el Senado no ha podido desplegar el papel que le reservaba la Constitución.
La consolidación del Estado autonómico pasa por una actualización de los estatutos en el marco constitucional y con consensos amplios. Exige, además, una nueva financiación autonómica, con criterios equitativos. Y requiere, también, la revitalización del Senado, que sólo será posible con una reforma constitucional. Es un paso adelante que el PP, interpelado ayer por Zapatero para que no se autoexcluya, acepte hablar de todo ello. Pero su propuesta de congelar la reforma de los estatutos y la financiación hasta que se cierre la negociación sobre la Carta Magna no significa colaborar sino obstruir. El PSOE no debería aceptar, por mucho diálogo que brinde, una oferta que aplazaría durante cuatro años esas necesarias iniciativas políticas.
