El hecho de que este país no contara con un alto comisionado que coordinase y garantizase desde todos los puntos de vista la ayuda a las víctimas del terrorismo era incomprensible. Es una prueba más de hasta qué punto en esta materia sobraban discursos grandilocuentes y faltaba voluntad política para adoptar medidas prácticas concretas.
No es el mejor momento, ahora que nace el comisionado, para criticar a los gobiernos de todos los colores que no pensaron en crear esta figura. Ni tampoco para lamentar que, primero Aznar y luego Rodríguez Zapatero, tras el 11-M hayan esperado a que la comparecencia de Pilar Manjón subrayase esta necesidad.
Pero el hecho de que el PP haya aprovechado el nombramiento de Gregorio Peces-Barba para desencadenar una enésima bronca, acusando al Gobierno de romper el consenso antiterrorista por no haberle consultado, es triste. Demuestra que para algunos políticos el efecto de las quejas de Manjón sólo han durado unas horas, pues no captaron que detrás de aquella llamada a las conciencias estaba el mensaje de que, algunas veces, es mejor que el partidismo se quede en casa.
