Pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva casi dos años con el mandato caducado, el pleno acaba de efectuar seis importantes nombramientos para el Tribunal Supremo, tres presidentes de sala y tres magistrados para la Sala de lo Penal. El Gobierno estaba en contra de que se llevaran a cabo los nombramientos como una medida de presión para romper el bloqueo del PP, que impide la renovación del organismo. En este sentido, los nombramientos no ayudan al desbloqueo, pero hay que destacar que las personas elegidas y la ideología que se les atribuye respetan la actual mayoría parlamentaria: cuatro son considerados progresistas y dos conservadores, aunque estos últimos conservan la importante presidencia de la Sala de lo Contencioso, que se ocupa de los casos que afectan al Gobierno.

De todas formas, aunque la elección se haya salvado con decoro, el verdadero problema es otro: el bloqueo a que el PP somete al CGPJ con argumentos tan antidemocráticos como que mientras Unidas Podemos (UP) esté en el Gobierno o exprese críticas a la monarquía no se renovarán los órganos constitucionales. En diciembre hará dos años que el CGPJ, elegido cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, debería haberse renovado. La historia se repite porque el PP ya bloqueó durante un año y diez meses la renovación del CGPJ en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero , prolongando así la vigencia de un organismo que había sido elegido durante la mayoría absoluta de José María Aznar . Es un auténtico escándalo que el PP bloquee la renovación del CGPJ cuando está en la oposición falseando de esta manera su representatividad, que no coincide con la nueva mayoría parlamentaria elegida en las urnas.

Ante la persistencia del bloqueo, el Gobierno se plantea un cambio en la ley orgánica del poder judicial para reducir la mayoría necesaria para elegir el CGPJ -ahora son tres quintos del Congreso y del Senado- prescindiendo del PP o para poder al menos designar a 12 de sus 21 miembros. La reforma, sin embargo, es una medida tan drástica que podría empeorar aún más el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. La mejor solución sigue siendo conseguir que el PP cumpla las exigencias democráticas y acepte desbloquear la renovación. Esperemos que a ello contribuya el aviso lanzado por la Comisión Europea, que acaba de criticar a España por esta paralización en la renovación del CGPJ y reclama la superación de un «reto» que amenaza la calidad democrática española.