La Universidad española encara un nuevo curso cargado de interrogantes y, al mismo tiempo, con una cierta esperanza de encontrar solución a algunos de sus problemas que llevan años pendientes de resolver. Sea la que sea la situación política y teniendo en cuenta que tratándose de asuntos universitarios no suele llegar la sangre al río entre los grupos parlamentarios, es posible que puedan llegarse a algún tipo de acuerdos para afrontar algunos retos fundamentales. Destaquemos solo cinco.

Uno, una nueva ley universitaria. Queda pendiente revisar la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001). Aunque ya se modificó en parte por otra ley orgánica (LOMLOU, 2007), parece llegado el momento de establecer un marco diferente para la universidad española. Hay que constatar que ni la LOU ni la LOMLOU han servido para dar respuesta satisfactoria a las expectativas abiertas con la incorporación de nuestro país al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En consecuencia, al igual que con la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) se produjo un cambio sustancial de nuestro sistema universitario acorde con los cambios políticos y sociales de aquel momento, necesitamos ahora la palanca apropiada para situar a nuestras universidades en un nuevo contexto económico y social. Recuérdese, además, que una ley universitaria tiene que ir de la mano de una Ley de la Ciencia, pues gran parte de la investigación de este país se genera en nuestras universidades.

Dos, un estatuto docente. Parece necesario afrontar de una vez por todas el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), tantas veces prometido y otras tantas aparcado en los despachos ministeriales. Uno de los graves problemas actuales de nuestras universidades es el envejecimiento de sus plantillas, especialmente en algunos cuerpos docentes, y la rigidez administrativa para revitalizarlas y rejuvenecerlas. Una posible solución pasa por establecer nuevas y más atractivas figuras de PDI y permitir una mayor flexibilidad a las universidades en la contratación de personal, especialmente de investigadores con prestigio y recorrido reconocido. Por otra parte, en ese estatuto habrá que diseñar una carrera profesional en la que docencia e investigación vayan inexorablemente unidas y establecer un sistema de promoción en el que, además de la investigación realizada, se valore en su justa medida la competencia demostrada como docente y las responsabilidades de gestión asumidas.

Tres, el mapa de titulaciones. Habrá que hacer una revisión serena pero profunda sobre el mapa de enseñanzas universitarias implantadas a raíz de lo que vino en llamarse el “proceso de Bolonia”. No se trata solo de que las Agencias de Calidad homologadas verifiquen la calidad de esas enseñanzas, sino de replantearse si tiene sentido mantener tal o cual grado, máster o doctorado a la vista de sus salidas profesionales a medio plazo. Realizar un mapa proyectivo de enseñanzas, conexionado con los ciclos formativos de la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas y Deportivas Superiores es una tarea que corresponde realizar a cada administración autonómica en coordinación con las universidades ubicadas en su territorio.

Cuatro, la transferencia de conocimientos. La descentralización universitaria plantea muchos interrogantes pero también puede tener algunas ventajas si supieran aprovecharse, entre otras la necesaria vinculación de los centros universitarios con el tejido productivo de su entorno. En ese sentido, habrá que reformar y renovar los Consejos Sociales para que efectivamente ejerzan el papel que les corresponde como órganos de participación y relación de la universidad con la sociedad.

Cinco, la internacionalización. Si la universidad siempre ha sido universal, hoy lo es más que nunca. En un mundo sin fronteras y cada vez más competitivo, las universidades tienen que elaborar planes estratégicos de largo alcance que les coloque en la esfera internacional. Para conseguir ser atractivas a estudiantes, docentes e investigadores nacionales y extranjeros necesitan cambiar sus estructuras y apostar por la excelencia, lo que supondría la especialización de sus campus en ciertos casos y su agregación a proyectos colectivos de varias universidades y con proyección internacional.

Podrían señalarse otros muchos retos para este curso, algunos ya asumidos en mayor o menor medida, como pueden ser la renovación de las metodologías docentes, la ampliación de las prácticas en los planes de estudio, la impartición de enseñanzas en lenguas extranjeras, la introducción de sistemas de evaluación de la calidad, la reorganización de departamentos, la modernización de instalaciones y equipamientos, etc.

¿Y en Aragón?. Lo antes comentado puede trasladarse a nuestra comunidad autónoma, singularizando algunos proyectos propios, como el cambio de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA, 2005), la aprobación de una Ley de la Ciencia, la reordenación de departamentos, la remodelación de Filosofía y Letras, la potenciación del Campus Iberus, etc.

*Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación