El curso que ahora acaba no pasará a la historia de la educación española. Ni el anterior tampoco. Después del turbulento huracán Wert, de infeliz recuerdo, llevamos unos años empantanados, con un diplomático ministro cero que poco o nada ha hecho por la educación en nuestro país. Ahora llega una ministra (Isabel Celaá) que conoce bien el paño de la escuela y se ha rodeado de un potente equipo dispuesto a abrir un tiempo nuevo en las aulas.
Muchos son los retos inmediatos que deberán asumir en el escaso plazo que, en principio, tienen por delante hasta una próxima convocatoria electoral. Se podría elaborar a vuelapluma una larga lista de asignaturas pendientes, desde el persistente abandono escolar temprano a la revisión del sentido de las evaluaciones externas. Sin embargo, seguramente sea mejor apuntar solo tres grandes retos que puedan englobar todos los demás: conseguir el pacto escolar, implicar a la comunidad educativa y revitalizar la FP.
Primero, conseguir un gran pacto social, político y territorial por la educación de una vez por todas. No va a ser fácil. Varios diputados, entre ellos los socialistas, se levantaron de la mesa a causa de la financiación. Ahora habrá que garantizar un mínimo 5% del PIB para volver a sentarse, teniendo en cuenta que los presupuestos del próximo ejercicio están cerrados.
En ese pacto hay que contemplar la sustitución de la LOMCE. Su derogación es complicada, pues una ley orgánica que estructura el sistema educativo no se suprime de buenas a primeras. Desde 2016 en el Congreso de los Diputados se han aprobado iniciativas parlamentarias para su paralización y nada se ha conseguido. A la vista de la dificultad de su derogación inmediata, seguramente podría comenzarse el desmontaje por los recargados decretos de currículo que la desarrollan. Coste cero y beneficio pedagógico, tanto para alumnado como para el profesorado.
Hay otros dos temas incluidos en la LOMCE que requieren tomar postura y que forman parte del deseado pacto. Uno, la posibilidad o no de que puedan celebran conciertos con las administraciones educativas los centros que diferencian por sexos. Dos, la enseñanza de las religiones, si esa asignatura se incluye o no dentro del horario lectivo o, al menos, si ha de contar o no para la nota media.
Segundo, implicar a toda la comunidad educativa. Es urgente restaurar los cauces de participación cerrados en estos años pasados. En primer lugar, fortalecer la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participan las consejeras y consejeros de educación de las comunidades autónomas, responsables de la gestión en sus respectivos territorios. Al mismo tiempo, darle un mayor protagonismo al Consejo Escolar de Estado como órgano privilegiado para sintonizar con todos los sectores del mundo educativo. Además, convocar las mesas sectoriales con sindicatos de profesores, patronales de la privada y federaciones de madres y padres para conocer de primera mano sus propuestas. Cualquier pacto educativo tendrá siempre los pies de barro si no se asienta en una sólida base social, ya que siempre serán alumnos, profesores y familias los verdaderos agentes de la educación.
Tercero, revitalizar la Formación Profesional. Es un objetivo nunca suficientemente alcanzado a pesar de que a lo largo de los años se han introducido cambios importantes, muchos de ellos muy positivos. Sin embargo, seguramente el punto de partida no haya sido el correcto. El sistema educativo español parece enfocado directamente los estudios universitarios y ésa es la percepción social dominante. Para muchas familias «hacer FP» no es lo mismo que «estudiar bachillerato». Revisar la FP básica, extender de forma correcta la formación dual, conexionar los distintos grados y subsistemas de formación profesional y conectar los estudios de FP con los universitarios son metas que requieren decisión por parte de las administraciones públicas y colaboración estrecha con el mundo empresarial.
Esos tres grandes retos tendrán que plantearse en los próximos meses. Para abordarlos, el nuevo Ministerio de Educación deberá contar, indefectiblemente, con el resto del Gobierno y, de manera singular, con los responsables de las carteras de Universidad, donde se sitúa la formación del profesorado, y de Economía y Hacienda, por razones obvias. Además de establecer líneas programáticas conjuntas con el Comisariado para la lucha contra la pobreza infantil y con otros departamentos.
Es de esperar que, después de años de turbulencias seguidos de parálisis ministerial, vayan abriéndose nuevos y serenos horizontes para la educación española. Un gran pacto social, político y territorial nos llevaría a una nueva ley de bases que garantizaría la estabilidad que tanto necesita nuestro sistema educativo. Hará falta, por tanto, mucha generosidad, comprensión y voluntad de entendimiento. Conviene recordar que en educación solo se avanza desde el consenso; justamente porque, en el fondo, educar es dialogar.
*Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
