Sólo los más enganchados a la información política han prestado alguna atención a la negociación y el debate de los presupuestos. De los del Gobierno aragonés y los del Ayuntamiento de Zaragoza, me refiero. Podemos puso a votación entre sus inscritos el apoyo, o no, al primero de ambos. Solo participaron en la consulta 1.109 ciudadanas/os. Supongo que la cuestión no apasionaba a casi nadie. A estas alturas, había que aprobar las cuentas por aquello de que peor es prorrogar y pasar un ejercicio en blanco. Además, el asunto estaba en sintonía con idéntica situación en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde la única discusión de alguna trascendencia fue la relativa a la ayudita al Real Zaragoza, que los socialistas, mano a mano con las derechas, convirtieron en condición sine qua non.

Pero quienes meten mano en esa predicción contable que son los presupuestos de las grandes instituciones saben que, en realidad, la mayor parte de los mismos está condicionada de entrada por el gasto corriente (mantener la maquinaria administrativa) y otras obligaciones ineludibles (por ejemplo sostener sociedades públicas o atender necesidades urgentes). Lo que queda para invertir de verdad es una cantidad menor que se suele negociar de acuerdo con unos protocolos bastante previsibles. Y además, como es bien sabido, una cosa es lo que se pone en las hojas excel y otra lo que acaba ejecutándose.

Lo de que Aragón es una comunidad que te funde a impuestos no pasa de ser un mantra de la derecha (que tampoco sabe cómo resolver el creciente desfase entre ingresos y gastos), pero refleja la realidad de un ámbito territorial donde el sector público presta servicios cuyo coste no deja de aumentar. Por otra parte, tampoco es ningún misterio que dicho sector ha perdido productividad y eficiencia. Por los recortes, por el anquilosamiento organizativo, por la rutina, por los habituales vicios de la burocracia, por falta de convicción... por lo que sea. De lo cual se infiere que aquí, además de cobrar impuestos y obtener de la Administración central fondos específicos para atender a una población avejentada en un territorio extenso... hace falta darle una vuelta (o muchas) a la relación calidad-precio (o eficacia-gasto) de los funcionarios y demás personal, de su organización, de su preparación y del cumplimiento de sus obligaciones. Desde hace decenios, cada intento de poner algún orden en ese mundo ha chocado, de entrada, con la oposición de los sindicatos. Veáse, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el proyecto Brit para llevar el bilingüismo a las aulas. El Consejo Escolar lo ha rechazado con el voto en contra de los representantes sindicales (decididos a evitar al profesorado el esfuerzo de adquirir un nivel básico de inglés)... junto con los padres de los colegios católicos (que obviamente quieren eliminar exigencias que podrían dejar fuera de juego a la concertada). Revelador.

El sector público aragonés ha demostrado ya en áreas muy importantes su capacidad para generar excelencia. Ahora tendrá que hacer un verdadero esfuerzo para autojustificarse ante la ciudadanía, cumplir con su obligación y luchar resueltamente contra los tsunamis privatizadores.