Las comparecencias en la Comisión de Investigación de Plaza en las Cortes pusieron de manifiesto la incapacidad de la DGA para controlar sus empresas públicas. Los interventores afirmaron las limitaciones existentes con una rotundidad ante la que los partidos políticos no pueden quedarse impasibles. Sin posibilidad de fiscalizar las cuentas y de actuar con determinación si se detectan desviaciones, la política del Gobierno desde que se crearon las primeras empresas públicas en 1992 queda en entredicho y debe ser modificada cuanto antes, una opción que ya baraja el consejero Roberto Bermúdez de Castro. La inseguridad que genera que Intervención reconozca sus limitaciones incrementa la sensación de que la corrupción es posible, pues queda al albur de la rectitud moral de los gestores, y no de las garantías del sistema.
