Dos fiscales han abierto un nuevo frente en la atribulada presidencia de Donald Trump, que en apenas medio año acumula ya una pesada mochila de escándalos e irregularidades de todo tipo. El estado de Maryland y el distrito de Columbia llevarán a Trump a los tribunales por un supuesto conflicto de intereses por haber organizado en un hotel de su propiedad actos de países como Kuwait y Turquía. En el corazón del litigio está el hecho de que, a diferencia de lo que es tradicional, Trump no se ha desvinculado de sus negocios tras su llegada a la Casa Blanca. Los demandantes acusan al presidente de haber aceptado millones de dólares de representantes de gobiernos extranjeros, lo cual vulnera la Constitución. La demanda abre un nuevo frente legal para el magnate, en el ojo de huracán por las revelaciones del exdirector del FBI James Comey y con un entorno bajo investigación por la trama rusa. Impeachment es la palabra que más se asocia últimamente al presidente, a pesar de que el proceso para destituirlo es un largo camino en el que resulta imprescindible el Partido Republicano, que no está por la labor. Pero lo que resulta innegable es que en todos los terrenos los peores vaticinios sobre Trump se van cumpliendo: es una persona que no da la talla mínima exigible para la alta responsabilidad política que ostenta.

Desde ayer, los ciudadanos de la Unión Europea han dejado de vivir una situación absurda. En un espacio por el que circulan libremente las personas, las mercancías y los capitales dejan de pagar un sobrecoste por utilizar su teléfono móvil fuera del Estado en el que lo tienen contratado. Aunque esta práctica pudo tener alguna justificación en los inicios de la telefonía móvil, lo cierto es que en este momento no tenía ninguna, puesto que los movimientos cruzados de sus clientes acaban compensando los costes que cada compañía soporta. Puesto que siempre criticamos a los burócratas de Bruselas, hay que reconocer que en esta ocasión la perseverancia de la Comisión Europea ha logrado hacer prevalecer los derechos de los usuarios a los impedimentos de las compañías. Con todo, habrá que estar vigilantes, porque las operadoras ya anuncian que buscarán la manera de repercutir a sus clientes los hipotéticos costes de la nueva situación. El fin de la penalización coincide además en el tiempo con otra realidad tangible de la UE como es el trigésimo aniversario del programa Erasmus. El impulso de la movilidad de los estudiantes universitarios ha sentado las bases para que entre al menos tres o cuatro generaciones de europeos se hayan establecido lazos que a medio plazo fortalecerán el proyecto de la UE. Cuando las instituciones se hacen tangibles, los ciudadanos las valoran mejor.