No es que los llamados modificados, un término con el que se denominan los sobrecostes de una obra adjudicada a un precio concreto, sean un invento español o que solo se produzcan aquí, pero es verdad que España ha acumulado mucha experiencia en ese campo. La prueba de la idiosincrasia del método es la dimensión mundial que alcanzó el día primero de año la amenaza del consorcio que encabeza Sacyr de paralizar el próximo día 20 las obras de ampliación del canal de Panamá si este país no se compromete a poner otros 1.200 millones de euros (el 50% del precio inicial de la adjudicación) sobre la mesa. Grupos Unidos por el Canal, liderado por la empresa española, asegura que los problemas geológicos que han aparecido no estaban previstos por las autoridades panameñas y que, por tanto, estas deben hacerse cargo del encarecimiento que suponen las obras.

Pese a la forma tan agresiva con que los adjudicatarios presentaron el ultimátum, cuando ya está hecho el 70% de la obra, cabe la posibilidad de que les asista la razón. Sin embargo, los antecedentes no permiten tener una fe ciega. En el 2009, el grupo se hizo con el proyecto presentando una oferta muy por debajo de la de los competidores. Incluso hubo quien sospechó que la propuesta de otra compañía española, ACS, nada menos que por el doble, era puramente especulativa y de apoyo a sus paisanos.

Los papeles de Wikileaks recogieron en su día una conversación de un diplomático de Estados Unidos, país muy interesado en el canal, en la que se hacía eco de las sospechas de las autoridades panameñas sobre la adjudicación y, concretamente, sobre la solvencia de Sacyr. De hecho, la aseguradora pública española Cesce tuvo que avalar los 150 millones de euros que la constructora debía depositar como garantía para hacerse con el concurso. Un respaldo que en cierta forma era muy cuestionable. Si la compañía perdiera el contrato, al Estado español podría costarle 150 millones. Luis del Rivero, entonces presidente de la firma, mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero a juzgar por la última rogativa del caso Gürtel, las que mantiene con el PP aún son más íntimas: aparece como titular de una cuenta bancaria en Suiza en la que un implicado en la trama le habría hecho un extraño ingreso de 100.000 euros.