La sexta conferencia telemática entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que duró cuatro horas, se desarrolló con un mejor tono y una mayor voluntad de diálogo. Otras cosa son las medidas concretas, empezando por el anuncio del presidente del Gobierno de repartir entre las comunidades autónomas la suma de 14.000 millones «extra de liquidez» para hacer frente a la pandemia. Varios presidentes aseguran que no son fondos nuevos, o que lo son en menor medida de lo que dice el Gobierno, porque se trata de adelantos de la financiación autonómica ya prevista. Ponen como ejemplo 5.500 millones correspondientes al adelanto de la liquidación del 2018, año en que se produjo una recaudación récord. Sin embargo, fuentes gubernamentales sostienen que si el Gobierno actualizara las cifras del sistema de financiación aplicando las nuevas previsiones económicas a la baja, resultado de la crisis, la diferencia serían esos 14.000 millones que se mantienen.

No es la primera vez que se producen discrepancias al interpretar las cifras de la financiación de las comunidades, pero de lo que se trata es de que, al margen de las distintas versiones, se produzca una auténtica colaboración entre el Gobierno y las autonomías para que la factura del coronavirus no aumente el endeudamiento de las comunidades y sea el Estado quien se haga cargo del gasto. En este sentido, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, reclama 100 millones adelantados por la Junta para emergencia social y para apoyar a los ayuntamientos. De hecho, esta fue una apreciación que también se hizo ver por parte de presidentes como el aragonés Javier Lambán, que cuestionó que los municipios no puedan acceder al superávit tras ser retenido por el Gobierno central.

En la reunión hubo coincidencia en que el desconfinamiento debería producirse con diferencias territoriales. La Generalitat ya se ha apresurado a reclamar la dirección de la desescalada, a lo que no accederá el Gobierno con toda seguridad, no solo porque se produciría un agravio con las demás autonomías. Es razonable que la desescalada diferencie entre territorios, pero con prudencia y coordinación entre el Gobierno y las autonomías para evitar un caos. Aragón, como Cantabria, Canarias o Extremadura apoyan la territorialización basándose en el escaso número de casos en algunos de sus municipios. Sánchez, sin embargo, acogiéndose a las recomendaciones del comité científico, anunció que la situación de la red de asistencia primaria en cada autonomía será un factor decisivo para decidir la desescalada por territorios y no tanto el número de casos. Con el objetivo de impedir que una segunda oleada del coronavirus vuelva a poner en peligro de colapso el sistema sanitario, los centros de atención primaria deberán detectar los contagios, aislar a los contagiados, hacer un seguimiento de ellos y garantizar la localización de las personas que hayan tenido relación con los contagiados.

Los presidentes coincidieron también en pedir que se permitan las salidas a hacer deporte y en que los niños puedan pisar la calle durante un tiempo determinado y acompañados por sus familiares. Dos medidas aceptables.