El día en que España superó a China en fallecidos, el Congreso se disponía aprobaba al cierre de esta edición la prórroga por dos semanas más del estado de alarma, hasta el 11 de abril. Además, el Congreso aprobó de forma mayoritaria los decretos con medidas económicas que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue una larga sesión parlamentaria, que terminó de madrugada, en la que la oposición apoyó al Gobierno con sus votos pero se mostró dura en la crítica de la gestión de la crisis.
La tregua que la emergencia sanitaria y económica propició para acabar con la crispación que marca esta legislatura desde su inicio se mantiene en el terreno de los votos pero el discurso se endureció. Y, en un aviso de lo que está por llegar, derecha e izquierda evidenciaron que las recetas de reconstrucción que propugnarán cuando acabe la crisis serán muy diferentes.
Pero ese escenario, el de la salida de la crisis, no es el momento en que nos encontramos. El Ministerio de Sanidad considera que con 47.610 infectados España «está muy cerca» de alcanzar el pico de contagios, así que no se vislumbra aún en el horizonte un fin a las medidas de confinamiento porque la curva se acelera con un aumento tanto de la velocidad como del número de muertos e infectados. Un informe contempla un escenario --el peor de ellos-- similar al de Italia y con necesidad de mantener el cierre hasta el mes de junio.
Así que en la fase más dura de la crisis, como Sánchez calificó que iban a ser estos días, la sesión del Congreso giró sobre la cuestión que marca el debate: si el Gobierno debe endurecer aún más el confinamiento con un parón casi total de la actividad económica. Sánchez defendió lo que calificó de política de «bisturí». En palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el Gobierno tiene como objetivo defender las empresas, el trabajo, los autónomos y a los más vulnerables y. al mismo tiempo, intentar garantizar que haya «una base para la construcción económica cuando acabe la crisis sanitaria».
Es un equilibrio muy complejo, dada la dureza con la que el virus ha golpeado España. Los partidos que apoyaron su investidura se mostraron partidarios de apoyar un confinamiento más duro. Alineados con la posturas de los presidentes de varias comunidades autónomas, pero quienes desde puestos de responsabilidad abogan por la parálisis casi total no enfatizan la dificultad de decidir qué actividad es esencial ni indican cómo el Estado protegerá a empresas, trabajadores, funcionarios y autónomos que sufrirían aún más en caso de un confinamiento más duro.
Queda mucho trabajo por hacer. El Gobierno tiene sobre la mesa asuntos como la petición de moratoria fiscal de las patronales, un mayor auxilio a los autónomos y medidas de calado sociales que se antojan necesarias, como las ayudas al alquiler o una paga universal mínima. Las dos curvas (la ascendente de la epidemia y la descendente de la economía) dibujan una emergencia en la que no caben frivolidades ni titubeos.
