El Ministerio de Sanidad ha presentado con optimismo los datos de dos encuestas sobre la percepción que tienen los españoles de su propio estado de salud y de la calidad de la asistencia pública sanitaria. Hay datos para el optimismo, como la buena valoración que se hace de la asistencia recibida y la leve mejora en la lucha contra el alcohol y el tabaco.
La piedra de toque vuelven a ser los tiempos de espera, en su doble vertiente: las dificultades para ser atendido con agilidad en un ambulatorio y las listas para acceder a pruebas médicas o ser hospitalizado. El discurso de las administraciones sobre el éxito en la reducción de las listas de espera no ha convencido a la mayoría de ciudadanos, que conocen la realidad de unos médicos de familia con exceso de pacientes a su cargo, de una falta de plazas hospitalarias que estrangula la programación de intervenciones quirúrgicas y de unas urgencias colapsadas. Aquí sólo cabe un remedio: un pacto de alcance estatal en el que todas las administraciones sanitarias asuman de forma racional, clara y pública en qué prestaciones es necesario aumentar el gasto público sanitario y en cuáles debemos acomodarnos a la limitación de recursos existentes.
