La aparición de estudios sobre la desigualdad y sus secuelas de exclusión y pobreza se han convertido en noticia cotidiana. Los medios tratan de encontrar un titular impactante al publicar tales estudios. La reiteración los hace irrelevantes. Puede servir de ejemplo. «En España el 26% de los mayores de 25 años o no tienen ingresos o son inferiores a 536 euros al mes y un 3,3% de los hogares carecen de ingresos. El número de millonarios se ha disparado un 76% desde 2008, con una fortuna global del entorno de los 565.700 millones de euros, según el Informe Mundial de Riqueza». Vemos que la marca España tiene su contraportada. Una lista llena de números rojos, de pobreza, exclusión, paro, desprotección ante el desempleo… Y estos números desafían los discursos hegemónicos de la clase política gobernante y el establishment mediático. Son los números de la vergüenza para un Estado, en cuya Constitución está el artículo 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad…»
El neoliberalismo dice que no hay alternativa. Pero las hay. Citaré una. La descrita por el economista británico Anthony Atkinson en su libro del 2016 Desigualdad: ¿qué se puede hacer? El título es muy claro. Presenta 15 propuestas para corregir la desigualdad.
Propuesta 1ª: Fijar la dirección del cambio tecnológico como una preocupación explícita de los decisores públicos, incentivando la innovación de un modo que aumente la empleabilidad de los trabajadores y enfatice la dimensión humana de la provisión de servicios. El objetivo es que el cambio tecnológico no suponga pérdida de puestos de trabajo, sino lo contrario.
Un factor de la desigualdad en las rentas primarias es el poder desequilibrado en contra de los trabajadores y consumidores. Para un mayor equilibrio, 2ª: Las políticas públicas deberían promover un balance adecuado entre los agentes sociales introduciendo criterios distributivos explícitos en la política de competencia, asegurando un marco legal que permita una representación suficiente de los trabajadores y crear Consejos Económicos y Sociales donde no existan.
3ª: El gobierno debería adoptar un objetivo explícito para reducir y prevenir el desempleo ofreciendo un empleo público al salario mínimo a quienes lo buscan. Así se reduciría la desigualdad en el mundo del trabajo.
4ª: Debería haber una política salarial nacional, que consistiera en el establecimiento de un salario mínimo por encima del nivel de satisfacción de las necesidades básicas y un código de prácticas salariales resultado de un acuerdo social nacional.
Las propuestas para reducir la desigualdad incluyen también cambios en las rentas de capital. 5ª: El Gobierno debería garantizar una rentabilidad del ahorro positiva en términos reales a través de bonos públicos.
La transmisión intergeneracional de capital es un factor claramente desigualitario, por ello, la 6ª: Debería garantizarse una dotación mínima de capital a todos los mayores de edad. Es una «herencia mínima universal».
La 7ª: Creación de una autoridad pública de inversiones. Una especie de fondo soberano dedicado a buscar inversiones para acrecentar el acervo de riqueza del Estado con la finalidad de conseguir una mayor igualdad intergeneracional. Así habría una mejor distribución intergeneracional de la riqueza, a la vez que se actuaría en sectores con alto impacto social, como las infraestructuras, la vivienda o el cambio climático.
Las propuestas siguientes se centran en los instrumentos redistributivos más clásicos, en la doble vertiente de la imposición progresiva y de las prestaciones monetarias.
Las 4 siguientes se basan en la imposición progresiva, que en los últimos años ha sido abandonada. 8ª: Recuperar una estructura de tipos más progresiva en el impuesto personal sobre la renta, hasta un tipo máximo del 65% y un ensanchamiento de la base imponible.
9ª: El Gobierno debería introducir un descuento en el impuesto personal sobre la renta en las rentas del trabajo limitado al primer tramo de ingresos.
Atkinson se sumerge también en los impuestos que gravan el capital. De ahí: 10ª: Las transmisiones de capital, tanto mediante herencias o inter vivos deberían ser gravadas con un impuesto progresivo sobre las rentas de capital acumuladas en el ciclo vital. 11ª: Debería haber un impuesto proporcional, o progresivo, sobre la propiedad basado en una valoración actualizada de ésta.
Las propuestas para reformar las prestaciones monetarias no son menos valientes y parten de una premisa: ninguna economía avanzada ha conseguido reducir la desigualdad con un bajo nivel de gasto social. De ahí, 12ª: Debería haber un sistema de prestaciones universales por hijo con cuantías elevadas sujetas a gravamen. 13ª: Se debería introducir una renta de participación nacional, que complementara la protección. Una transferencia a nivel nacional a todos los ciudadanos, aunque no trabajen.
14ª: Se deberían reformar las prestaciones contributivas, aumentando el nivel de sus cuantías y su cobertura. Una cobertura universal de seguridad social para los adultos mayores.
Por último nos insta a corregir la desigualdad desde una perspectiva global. Por ello, 15ª: Los países deberían elevar su objetivo de ayuda al desarrollo al 1% de su Renta Nacional Bruta.
*Profesor de instituto
