La filtración de que el exministro de Defensa Federico Trillo aprobó un generoso seguro de vida para sí mismo y para la cúpula de su departamento, que también cubría sus actividades privadas, ha tenido un desenlace inesperado. Trillo no hizo más que imitar una práctica vigente en la Moncloa desde 1991. Y nadie se había replanteado hasta ahora una rutina heredada de un periodo en el que el control del uso de los fondos públicos se demostró manifiestamente mejorable.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sostiene ahora que el Ejecutivo anulará cualquier poliza de seguros similar. Será una consecuencia positiva de la polémica. Pero insuficiente si no implica una reflexión sobre todas las gratificaciones extrasalariales de las que los cargos públicos deciden dotarse sin publicidad y que no están justificadas ni por la necesidad de facilitar el ejercicio del cargo, ni por la de retribuir de forma adecuada sus responsabilidades. El compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de imponer la "austeridad" y la "transparencia" no sólo debe ser una promesa de que no volverán a producirse casos de corrupción, sino el anuncio de una nueva cultura de más rigor en el uso del dinero de todos.