La absolución de Carlos Escó, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría en el Caso saqueo ha producido notable perplejidad, porque a lo inesperado de su contenido se agrega el hecho de que tres acusados salgan libres, mientras otros son condenados tras haber admitido su culpa aceptando penas benignas pero comprometiéndose a devolver todo o parte del dinero que se fue en sobrecostes. No es que el tribunal no asuma que en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) hubo desde el primer momento una gestión «viciada»; pero no puede probar que el exviceconsejero del Gobierno Aragón y los dos empresarios que decidieron ir a juicio sin pactar nada con la Fiscalía estuvieran involucrados en delito alguno.

Escó se libra y Agapito no ha llegado a ser condenado en ninguna de las piezas a que dieron lugar las investigaciones sobre la tortuosa gestión de las obras llevadas a cabo en Plaza bajo la dirección de una sociedad semipública donde el Gobierno aragonés actuaba como principal engranaje.

El desconcierto de la ciudadanía proviene del hecho de que no se ha negado en ningún momento que hubiera fraude. Se ha fijado en 147 millones el total de lo saqueado. Acciona, la principal empresa involucrada, ha aceptado ya devolver 60 millones. Hay condenas que incluyen años de prisión... Y sin embargo no existe responsabilidad política alguna. Por falta de pruebas.