Desde todos los lados se apela al sentido común como si se tratara de un bien general, pero sorprende con la ligereza con la que se da por hecho que en este país no existe la separación de poderes. Sobran los ejemplos de responsables políticos y adalides sociales que esta semana han señalado al Gobierno central como verdadero autor del encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes conocidos como los Jordis. A más a más, a estos se les tacha de «presos políticos», ahondando en la idea de que vivimos en un sistema «represor», donde por lo visto el poder se mueve más en la oscuridad de los sótanos del Estado que en la superficie.
Es cierto que el concepto politización de la justicia tiene a ratos donde apoyarse, empezando por el sistema de selección de los miembros de los principales órganos de la judicatura. En base al arco parlamentario, los grandes partidos se reparten la designación de magistrados como si prepararan un partido de solteros contra casados. Yo estos y estos, ahora elige tú. Tampoco ayudan los derrapes de la cúpula de la Fiscalía General en investigaciones como la de los presidentes de Murcia y la Rioja, e incluso la tardía dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Moix, protegido por su jefe hasta lo intolerable.
La cuestión es que del mismo modo sobran ejemplos que apuntalan la idea de que el poder judicial se conduce en España con una independencia que en muchos otros países del mundo quisieran. Y si de verdad no es así, obviamente tenemos un problema de primer orden del que esos representantes públicos que tanto han hablado en las últimas horas deberían preocuparse cuanto antes. Como ya se ha repetido estos días, la misma Audiencia Nacional que ha mandado a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart es la que juzga la corrupción del partido en el Gobierno y la que hizo pasar al presidente Rajoy por el trago de declarar como testigo, por mucho que le dejaran entrar por el garaje o le pusieran un asiento más mullido.
El Parlamento catalán y el presidente de la Generalitat por entonces, Artur Mas, pidieron en su momento «prisión» para varios miembros del 15-M que en junio del 2011 asediaron la Cámara catalana obligando a muchos diputados a entrar al trabajo en ¡helicóptero!. Ocho de ellos terminaron condenados a tres años de cárcel. ¿Acaso eran aquellos presos políticos? Ya se sabe que el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos. H *Periodista
