Decía Teresa Zamanillo, trabajadora social y socióloga, que el trabajo social es «un proyecto teórico-práctico de carácter esencialmente ético-político». Esta afirmación, que podemos trasladar a los servicios sociales en general, no hace sino subrayar, frente a las concepciones supuestamente apolíticas y tecnocráticas, la esencia fundamentalmente política y ética de todas y cada una de las decisiones que tomamos en el ámbito de los derechos sociales.

No vamos a entrar en datos relativos a las consecuencias sociales de la pandemia, ya que todos los que pudiéramos aportar van a quedar rápidamente caducos ante una crisis de consecuencias inéditas. Esta ha puesto de manifiesto los fallos estructurales del sistema, la precarización de la vida y los cuidados y el cómo las tareas más esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades han sido precisamente las más precarizadas. También nos ha mostrado la importancia de nuestros servicios públicos y sus carencias.

En este contexto, el Gobierno de PP-Cs en Zaragoza ha optado por un modelo de servicios sociales de mínimos, en los que el asistencialismo (que no la asistencia) y la externalización de la atención son sus señas de identidad, junto al abandono de la responsabilidad pública para hacer frente a esta crisis.

Solo desde este punto de vista puede entenderse el cierre de la mayor parte de los centros de servicios sociales, que tan solo el 30% de los y las profesionales trabajaran durante el estado de alarma, o los límites del acceso a prestaciones como el Ingreso Aragonés de Inserción y las ayudas de urgencia para necesidades tan esenciales como la vivienda o los suministros; ayudas que, hoy, aún siguen sin poderse tramitar.

También a esta lógica responde la externalización de la primera atención y orientación de las personas usuarias hacia una línea 900, vulnerando así la gestión pública directa que establece la Ley de Servicios Sociales, o la creación de varias plataformas digitales que pretendían canalizar la beneficencia empresarial, sin control alguno acerca del destino y prioridades de esas aportaciones.

También en esa misma línea se plantea el incremento de las partidas hacia determinadas entidades sociales, llegando a darse la perversa paradoja de que, mientras los CMSS se encuentran cerrados, se abren instalaciones municipales para atender estas mismas necesidades por parte de determinadas entidades. O, que al tiempo que no se permitía trabajar a los y las profesionales, se descargara la atención presencial en los voluntarios de estas mismas organizaciones. Todo ello a bombo y platillo en las redes sociales municipales, de supuesto servicio público, con bien de pompa, foto y boato.

Pero frente a este modelo podemos contraponer otro. Uno que reivindica la responsabilidad pública en la respuesta a la crisis social, que defiende el carácter esencial de los servicios sociales, garantizando la equidad en el acceso a sus prestaciones, reforzando sus plantillas y recursos, orientándolos a dar respuesta a las necesidades de la población.

Un modelo que recupere el acompañamiento social y emocional a las familias, que aborde las nuevas necesidades que están surgiendo de esta crisis, que detecte y se adelante a los cambios y demandas sociales, que no se limite únicamente a la tramitación de ayudas, sino que se vincule con el territorio para dar respuestas desde una perspectiva comunitaria. Un modelo que reconozca y se coordine con las redes de apoyo vecinal como expresión más clara de la solidaridad organizada, pero que no las utilice para justificar su inacción .

Es necesario profundizar en la creación de un espacio público-comunitario. Un espacio que ponga en valor la cercanía y la calidez vecinal, y la inclusión ciudadana que genera. Porque la solidaridad es esencial en la construcción de una sociedad cohesionada pero nunca puede sustituir y ocupar los espacios vacíos dejados por los servicios públicos.

Es el momento de hacer contrapeso al imaginario neoliberal en el que, como decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe, solo los individuos, en el que todo se rige por el mercado y en el que se individualizan y culpabilizan los problemas sociales. Es el momento de apostar por la dimensión social del ser humano y por el protagonismo de las personas en la construcción de su propia salud, a través del empoderamiento personal y colectivo, en el contexto de nuestras redes de existencia.

*Concejala de Zaragoza en Común y exvicealcaldesa de Zaragoza