El Gobierno aragonés mantiene el lenguaje de que sus reformas no han afectado a los servicios sociales. Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales pone los puntos sobre las íes. En dos años se han reducido 36 millones destinados a estos servicios. El gasto por habitante y año es inferior a la media nacional y el esfuerzo autonómico es también menor a la media mientras las entidades locales (municipios y comarcas) deben asumir una mayor implicación ya que la DGA solo da una tercera parte de los apoyos a estos entes respecto de la media nacional.