Es comprensible que la gente no quiera pagar impuesto de sucesiones o por contaminación del agua. O sea, que no quiera pagar nada de nada, al margen del volumen de la masa hereditaria que le corresponda o de la cantidad de mierda que produzca. Lo cual resulta muy complicado en una comunidad como esta, cuyos ingresos son limitados pero bastarían... caso de que el millón y cuarto de aragoneses viviésemos bien agrupados en espacios urbanos perfectamente intercomunicados. Mas no es así. Hay que prestar servicios (no solo wifi) a miles de personas cada vez más avejentadas que viven dispersas en un enorme territorio, y eso sale muy caro.

Supongo que impuestos como el de sucesiones y transmisiones o el ICA deberían ser más justos y progresivos, y volcarse no sobre las clases medias (las únicas, en realidad, que cumplen con el fisco en este país de falsos patriotas) sino sobre quienes heredan o contaminan a mayor escala. En todo caso, los impuestos tendrían que ser más homogéneos en el conjunto del territorio español, sin esas diferencias irritantes que se dan ahora entre comunidades que disponen de elevados ingresos (Madrid, que se lo come todo gracias a su peso político y administrativo, o el País Vasco, que se queda para sí lo suyo y luego aporta al fondo común menos de lo que se lleva del mismo). El Estado español no puede permitir que sus zonas más ricas se conviertan en una especie de semiparaísos fiscales, aun admitiendo que siempre habrá un margen de desigualdad natural entre los ciudadanos de aquí y de allá, del Norte y del Sur. Hay que equilibrar.

Aragón necesita ingresos complementarios, no esas dudosas dádivas que los gobiernos centrales ofrecen cuando se acercan las elecciones (y que suelen quedarse en agua de borrajas). España entera precisa una reforma fiscal a fondo para redistribuir la riqueza, dejar de exprimir a las clases medias asalariadas, disponer de fondos que aseguren los servicios y las pensiones, mantener y mejorar las infraestructuras... En fin, todo eso que llamamos bienestar.

Rajoy se equivocó en Teruel, a donde fue a prometer no se sabe qué (¿será más ancha su banda que la banda ancha del Gobierno aragonés?). Sus ofertas, en gran medida, están vinculadas a la hipotética aprobación de los presupuestos generales, que ya veremos. Pura nebulosa.

Aragón precisa más financiación pública, además de una administración eficaz de la misma. El llamamiento conservador a poner en solfa los impuestos llamados autonómicos contiene una vocación no tan ultraliberal como demagógica y suicida. De hecho, el PP y el PAR gobernaron durante la anterior legislatura y no se les vio por la labor de acabar con dichas cargas. No se lo hubieran podido permitir.

La Administración central debe retratarse, pero de verdad. Mientras tanto, sería bueno dejarse de argumentos de cartón piedra. El viernes, el líder del PP aragonés afeaba al presidente Lambán el retroceso económico de Aragón (por culpa de tanto impuesto, se supone). Ese mismo día, el INE aseguraba que el PIB de nuestra comunidad fue el que más creció en España durante 2017. Vaya resbalón.