La gestión de la empresa pública aragonesa Sarga, dedicada al cuidado del entorno agroambiental, lleva tiempo en el punto de mira. Procesos judiciales por cobros irregulares de dietas, varapalos constantes de la Cámara de Cuentas de Aragón, fuertes críticas de la oposición al uso clientelar de las relaciones laborales... A la DGA se le ha ocurrido poner en marcha un «canal ético» dentro de la empresa para prevenir conductas anómalas y facilitar a los trabajadores que las denuncien. Si esta es la forma que ha encontrado el Gobierno de mejorar la imagen y de garantizar el buen funcionamiento de Sarga es que la cosa está muy mal. ¿No sería más fácil disolver la empresa y volver a montarla partiendo de cero?
