Laura es una maestra de Educación Infantil en la escuela pública. Ejerce desde hace veinte años, los últimos doce en un colegio público de Zaragoza. Sabe como nadie qué es eso de ser maestra vocacional. Cada año, se ha tenido que ir adaptando -o, como decimos en el gremio, reciclando- para atender a una clase cada vez más diversa, sabiendo que aquello que es innovador cuando es inclusivo tiene un alto valor añadido. Lejos queda el tiempo en que el colegio tenía tres vías; pronto quitaron dos al disminuir la población escolar ante la bajada de la natalidad. Ahora el centro tiene una vía y el curso pasado sólo recibió 11 solicitudes. La pérdida de unidades, los recortes, fueron un quebranto para el colegio. Perdieron profesorado. Aún recuerda los maestros desplazados: primero Juan, luego Lourdes… Recuerda cómo iban haciendo cada vez con menos, hasta hoy, porque tampoco llegaban ni llegan los interinos que se integran cada curso en la dinámica del cole. Por si fuera poco, se han suprimido programas, apoyos y recursos. Aún así, sigue con las mismas ganas de enseñar cada día.

¿Qué pasa con nuestro colegio? Se lo pregunta más de una vez cuando llegan estas fechas de período de escolarización. La administración no ha puesto todo el empeño que debería, a pesar de los escritos y peticiones para mejorar la situación: una mayor inversión y atención en la planificación educativa. Es necesario hacer una oferta equilibrada entre todos los centros porque no hay colegios buenos y malos. Lo sabemos los compañeros, lo sabe la administración. Entonces, ¿por qué?

La situación descrita se vive actualmente en decenas de colegios de Aragón y es necesario revertir la situación. No podemos permitir que se firme el descalabro de la educación pública. No podemos quedarnos mano sobre mano viendo cómo se normaliza la deriva hacia una pública meramente asistencialista. El momento es ahora. Racionalizar los conciertos educativos supone hacer valer la importancia para la sociedad que tiene la existencia de una educación pública, inclusiva, de calidad y en igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Esto, por encima de todo: un gobierno debe velar por la educación pública, lo que es tanto como decir que apuesta por una sociedad justa, cohesionada y que avanza en democracia. Si dejamos que paulatinamente se vaya desmantelando, algo no estamos haciendo bien. Y, lo que es peor, no vamos hacia una sociedad mejor si nos deshacemos de la mayor herramienta que tenemos para compensar desigualdades.

Hemos llegado al Parlamento aragonés con el firme propósito de influir en el Gobierno para que ponga en valor a la pública como se merece, porque hemos constatado que son ya muchos años en los que los titulares de los centros privados, subvencionados 100% con dinero público, no han hecho sus deberes, en connivencia con gobiernos de uno y otro color. Mucho tiempo, excesivo, en el que la equidad y la transparencia han brillado por su ausencia, en el que ha habido un claro incumplimento de la ley pero sin aplicar las medidas sancionadoras. Tiempo suficiente, en el que han demostrado que tienen sus mecanismos para no ser como la pública pero querer aparentarlo. No es justo para los aragoneses tener que vivir una vuelta de tuerca más en la privatización de un bien público que debería preservarse para estar a la altura de la sociedad que queremos ser. La educación pública no puede ser equiparada a un servicio público como el transporte urbano o el cuidado de los jardines (que nunca deberían haberse externalizado), es un derecho básico y fundamental. Si se la debilita con políticas segregadoras, acabará siendo meramente asistencial y desaparecerá definitivamente la igualdad.

Por eso mismo, desde Podemos solo hemos planteado lo que corresponde por derecho: proteger nuestra educación pública. Y, para ello, es necesario poner en marcha políticas transformadoras que le devuelvan a los centros públicos sus comunidades educativas, para que los que son y están, se queden. Ya va siendo hora.

En estos dos años que quedan de legislatura nos vamos a dejar la piel por que esas políticas sean un hecho y transformen una realidad que actualmente está dejando a muchos aragoneses y aragonesas fuera.

<b>*D</b>iputada y consejera ciudadana

de Podemos Aragón