Como sociedad nos enfrentamos a múltiples retos. En cualquier crisis, y más aún en una como la actual, en la que las medidas sanitarias condicionan tanto las relaciones humanas como la actividad económica, es necesario confrontar los diferentes modelos políticos. No es lo mismo un modelo que proteja los servicios públicos esenciales que aquel que los ponga en riesgo o desmantele con fines que no se corresponden con el bien común que los poderes públicos deberían defender. No es lo mismo el modelo de la izquierda y el de la derecha, algo que la crisis del covid-19 ha evidenciado claramente.

Porque a estas alturas ya hemos comprobado que izquierda y derecha no gobiernan igual ni para las mismas personas. Un claro ejemplo de esto es Aragón, donde la llegada del Gobierno PSOE-CHA supuso la reversión de los recortes aplicados por la derecha durante los años anteriores, y la recuperación de unos servicios públicos que se han demostrado vitales para afrontar las peores semanas de la pandemia. Peor suerte corrieron aquellas comunidades gobernadas por la derecha, que descuidaron o desguazaron su sanidad poniéndola en manos privadas. Allí, profesionales y, sobre todo, aquellas personas que tuvieron que recurrir a algún tipo de asistencia sanitaria, sufrieron un auténtico infierno asistencial.

El modelo es importante, porque a la izquierda nos preocupa y nos ocupa el bien común, la justicia social, la igualdad en el acceso a los servicios públicos así como la calidad de los mismos en todos los sentidos. La derecha siempre ha apostado por la máxima neoliberal de que quien tenga una necesidad se la pague, estableciendo mecanismos de privatización de los servicios públicos que traen consigo la precarización laboral y la del propio servicio que se presta.

Esa misma diferencia de modelos es la que estamos viendo estos días en el Ayuntamiento de Zaragoza que, en manos de la derecha de PP-Cs-Vox, utiliza el suelo municipal público, patrimonio de todas y de todos, para la construcción de un macrohospital privado. Desde CHA no estamos ni mucho menos en contra de la iniciativa privada, pero defendemos la igualdad de todos ante la ley. Quien muy legítimamente quiera promover este tipo de negocio debe hacerlo en suelo privado, pagando el precio de mercado correspondiente. ¿O acaso no hay suficiente suelo privado en el noveno término municipal más extenso del Estado, que hace falta modificar a la carta el plan general?

La modificación del PGOU ha sido aprobada con mucha prisa con los votos de la derecha zaragozana. En pleno verano y mientras estamos preocupados por los continuos rebrotes del covi-19, PP, Cs y Vox sacan adelante la conversión de terreno público en un dudoso negocio para las arcas municipales. Pan para hoy y hambre para mañana.

La sanidad aragonesa, precisamente por el modelo político aplicado durante los últimos años, goza de una buena salud, siempre mejorable, y de un gran reconocimiento entre las aragonesas y aragoneses. Durante estos meses de extrema tensión ha quedado claro que nuestro sistema de salud, gracias en buena parte a la profesionalidad de todo el personal, ha dado una respuesta más que positiva y solvente ante el mayor reto al que se ha enfrentado, el covid-19 Por eso, nos preocupan iniciativas en las que se favorece justo lo contrario, el negocio de la sanidad privada. Nuestro temor se basa en la experiencia en otras comunidad autónomas, como la Comunidad de Madrid, en la que se ha favorecido el concierto de la sanidad con estas empresas

Desde Chunta Aragonesista defendemos que el suelo público ha de ser usado para el bien común y no para la especulación y el favoritismo. El terreno que Azcón va a entregar a manos privadas debería de revertir en las zaragozanas y zaragozanos de los barrios del sur, construyendo servicios públicos largamente demandados para suplir necesidades educativas, sociales, culturales y vecinales. Pero, una vez más, Jorge Azcón pone los intereses de unos pocos por encima de los intereses generales de Zaragoza. Cuestión de modelos.