Otra fecha decisiva. Las hojas del calendario van cayendo inexorables sobre una ruta política llena de sobresaltos. En La Moncloa, pendientes de la respuesta aclaratoria de la Generalitat, contienen la respiración ante la posibilidad de tener que aplicar el artículo más citado de la Constitución en las últimas semanas y las consecuencias que se desencadenarían. En Cataluña, las presiones independentistas arrecian para provocar desde el Estado ese salto decisivo que convertiría casi en una entelequia cualquier diálogo con una mínima dosis de sosiego que permitiera encajar las piezas necesarias para, con tiempo, encontrar soluciones basadas en la legalidad. Nada se puede aventurar porque el juego táctico se ha adueñado de la situación. Pese a que la Unión Europea ha dejado claro el mensaje de no intervenir en una negociación que, como poco, podría crear un efecto dominó en los territorios europeos que haría imposible su funcionamiento y la constatación del éxodo -de momento-- de más de medio millar de empresas, trasladando su sede social fuera de Cataluña ante la incertidumbre; el núcleo independentista no se da por aludido. Parece dar por amortizada una travesía del desierto o un pulso perpetuo que afectaría -en una cuantificación todavía imposible—al bienestar y nivel de vida de los ciudadanos. Y no solo de los catalanes, ya que la comunidad representa el 20% del PIB español y los vasos comunicantes de la economía no entienden de mugas. Salte por donde salte, a una crisis a medio dominar se le está sumando otra. Por si fuera poco. H *Periodista
