En 1992, hace ya un cuarto de siglo, las Cortes de Aragón aprobaron el Pacto del Agua. Se culminaba así un ingenioso plan de Antonio Aragón, por entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y posteriormente condenado a siete años de cárcel por corrupción. Había sido nombrado por el ministro Borrell, con una misión central: eludir o neutralizar la oposición aragonesa a los trasvases del Ebro, que ya por entonces presidían el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional.

Antonio Aragón convenció a todo el arco parlamentario aragonés proponiendo una genial estrategia, consistente en promover una oleada de grandes presas (145 obras de muy diversa envergadura), que regulasen todos los caudales que fluyen por territorio aragonés, en lo que se declararía como una reserva estratégica de Aragón de 6.550 hectómetros cúbicos. Hechos los embalses, nosotros seríamos los dueños de la tajadera y podríamos bloquear los trasvases… Y nuestros diputados, por unanimidad, se lo tragaron y votaron con entusiasmo el Pacto del Agua. Con esos 6.550 hm3 se podrían regar un millón de nuevas hectáreas, aunque nadie concretó plan estratégico alguno, previsión presupuestaria ni plazo de ejecución para esos regadíos. Y respecto a la tajadera, pronto se constató que su dueño, Constitución en mano, era el Gobierno de España, al tratarse de una cuenca (la del Ebro) intercomunitaria.

En realidad, de esas 145 obras hidráulicas, más allá del suculento negocio que suponían para constructoras e hidroeléctricas, solo las grandes presas pirenaicas -recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Jánovas y Santaliestra- eran decisivas para garantizar los 1.000 hm3 que se preveía trasvasar a lo largo del litoral mediterráneo.

El pretendido pacto, en todo caso, nunca fue propiamente un pacto, sino un descomunal engaño en forma de reparto del pastel. Un pacto integra en el acuerdo a las partes afectadas; sin embargo en este caso, los perdedores de la montaña, cuyos pueblos y valles quedarían inundados, fueron simple y llanamente marginados. De ahí que el Pacto del Agua haya suscitado el mayor desgarro social y territorial producido en Aragón desde la transición democrática.

Han sido 25 años de lucha protagonizada por esos pueblos, organizados en la Coordinadora de Afectados por Grandes Presas y Trasvases (Coagret) que acabarían liderando la lucha contra el trasvase, cuando este emergió como verdadera motivación del Pacto del Agua. Con su derogación, promovida por la ministra Narbona, se abrió una gran oportunidad para resolver los desgarros entre el llano y la montaña: sin embargo, la Comisión del Agua, con la intermediación coordinada por la Fundación Ecología y Desarrollo, tan solo consiguió cerrar los casos del Matarraña y Santaliestra, asumiendo las propuestas de la Nueva Cultura del Agua; el resto de conflictos ha seguido activo, bajo las expectativas auspiciadas por el Pacto del Agua.

Bueno sería que, tras 25 años, fuéramos capaces de afrontar, desde Aragón, una reflexión seria sobre nuestra propia experiencia y sobre el futuro que nos dibuja el cambio climático. Repasando la historia:

•El proyecto de Santaliestra, con el Gobierno PP, fue anulado por los tribunales por graves riesgos geotécnicos que ponían en riesgo miles de vidas aguas abajo.

•Jánovas fue desechado, con una declaración de impacto ambiental negativa de la ministra Tocino (PP), en el último día de su mandato, tras una trágica pesadilla de medio siglo que aún no hemos sido capaces de cerrar.

•La presa de Torre del Compte, fue desechada con una declaración de impacto ambiental negativa, firmada por la ministra Narbona (PSOE).

•La presa de Aguaviva, desechada por la protesta en defensa del río Bergantes.

•El proyecto de Biscarrués, con 200 hm3, se redujo con gobiernos del PSOE y luego del PP, al de 30 hm3 que cuenta con fallo en contra de la Audiencia Nacional.

•El recrecimiento de Yesa pasó de 1.500 a 1.000 hm3, pero su coste se cuadriplicó y se mantienen riesgos geotécnicos que amenazan miles de vidas aguas abajo.

•El embalse de Mularroya, con sucesivas sentencias en contra, y un procedimiento abierto en Bruselas, proyecta costes impagables para los regantes que en su día se negaron a pagar el bombeo a la Tranquera, abandonado desde hace décadas.

•El bombeo-trasvase de Beceite que motivó el conflicto del Matarraña, después de construido, fue destruido por una riada.

•El embalse del Val lleva 20 años construido, pero está eutrofizado y sin uso, al negarse a pagar el canon los regantes beneficiarios.

•La presa de Montearagón, tras multiplicarse su coste y acabarse hace diez años, sigue sin abastecer a Huesca, por fugas y deslizamientos imprevistos.

•El embalse de Lechago se acabó con un coste de 60 millones de euros, pero no se usa, porque los regantes son incapaces de pagar el canon.

•El embalse de la Loteta, con 100 millones gastados, saliniza las aguas, por lo que no podrá cumplir su función de regular aguas de excelencia para Zaragoza.

•Recrecimiento de Santolea, se desecha después de licitada la obra, al constatarse graves deslizamientos de ladera sobre el embalse.

Tan solo las obras de regulación en tránsito que venimos proponiendo desde la Nueva Cultura del Agua, como prioridad para modernizar los sistemas de riego y como alternativa a las grandes presas, han tenido éxito: Malvecino, Laverné y San Salvador; además de en el Matarraña…

Creo sinceramente que Aragón no se merece más enredos. Es tiempo de enterrar el muerto de ese mal llamado Pacto del Agua, basado en el engaño y en la vieja cultura del hormigón, para pasar a construir soluciones eficaces e inteligentes frente al cambio climático, desde esa nueva cultura del agua que justamente nació en Aragón.

*Diputado nacional de Unidos Podemos por Zaragoza