El contencioso catalán entró el sábado en una breve fase en que los contrincantes --Gobierno central y Generalitat-- han efectuado un intercambio casi automático de piezas, como en una partida de ajedrez, para dejar el tablero más despejado cara a los siguientes movimientos. Tras la publicación de la ley y la convocatoria de la consulta el mismo sábado, el Consejo de Estado realizó una reunión exprés el domingo, y ayer por la mañana el Consejo de Ministros impugnó norma y decreto. Con celeridad inédita, el Constitucional admitió por la tarde la impugnación, que a su vez conlleva la suspensión automática de ambas iniciativas. Ahora empieza a contar el plazo de cinco meses para emitir un fallo sobre lo recurrido. Acabados los golpes jurídicos, entramos de nuevo donde las cosas deben resolverse en el ámbito político. El respeto a la ley es imprescindible, pero eso solo no basta. Hay tiempo suficiente como para que antes del 9-N se elabore un fallo bien fundamentado y consensuado, no solo cautelar, que contribuya a marcar las líneas por las que los políticos pueden transitar para resolver este contencioso sin vencedores ni vencidos.
