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Tercera página

Suspenso en calidad democrática

El Consejo de Europa alerta sobre el déficit de control de la corrupción de los poderes del Estado

 

Suspenso en calidad democrática -

Suspenso en calidad democrática -

ALBA Nogueira
12/01/2018

La publicación del informe GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa alerta con contundencia de la persistencia de una situación «globalmente insatisfactoria» en relación con la vigilancia de la corrupción entre parlamentarios, judicatura y fiscalía en España. La lectura dibuja un desalentador panorama tanto por el general incumplimiento como porque los pocos cumplimientos parciales son proyectos con un incierto futuro. Sin que sirva de excusa para no pasar ya de las palabras a los hechos la situación de parálisis institucional del 2016.

No pueden causar sorpresa muchas de las recomendaciones porque han estado de forma habitual en el debate público: actividades profesionales de los representantes parlamentarios; pago de viajes; relaciones de lobi; independencia de la fiscalía; actividades privadas de jueces; formas de nombramiento de magistrados. A todos ellas podríamos sin gran dificultad ponerle cara(s) de la actualidad más reciente.

Existe una insuficiente cultura de regulación de los conflictos de intereses. El Consejo de Europa indica que las medidas de declaración de intereses de parlamentarios debe ser más exhaustiva, abarcando viajes, regalos, valor de mercado de bienes y, posiblemente, al entorno familiar. Pero también que este mal aqueja a jueces y fiscales, sin que el, poco comprometedor código de conducta del 2016 de los primeros y la ausencia de normas de los segundos ofrezcan mejor panorama. El Consejo de Europa exige, en definitiva, que se regulen relaciones que propician prácticas corruptas y que sean públicas para la ciudadanía.

En relación con los miembros de las cámaras parlamentarias las advertencias inciden en debates abiertos: la dedicación exclusiva o no; el nivel de retribución de su función como garantía frente a presiones (o la gratuidad, avalada por el Tribunal Constitucional después de la reforma Cospedal en Castilla-La Mancha, con el riesgo de representación «censitaria»); la forma de hacer transparentes relaciones con lobis. Es esto último donde parece más deficiente la regulación existente, sobre todo, la publicidad de las relaciones de los parlamentarios con grupos de interés económico.

Con respecto a la judicatura, el informe GRECO pone el dedo en la llaga en la independencia, sobre todo en relación con los nombramientos y, muy singularmente, los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las anomalías que insistentemente han saltado a los medios: chivatazos; connivencias remuneradas; cambalaches en nombramientos; alteración de la composición de órganos judiciales o distorsión de las reglas de competencia judicial; funcionamiento presidencialista del Consejo General del Poder Judicial y retirada de la dedicación exclusiva a parte de sus miembros –avalada, por cierto, por el TC–, son prácticas que alientan la corrupción y esconden conflictos de intereses.

En cuanto a la forma de nombramiento del CGPG, el informe es tajante en cuanto a la necesidad de desvincularlos del ámbito político, condicionando el debate abierto sobre si su legitimidad debe derivar solo de la ley o también tener una raíz democrática en un momento en el que la ideología del juez tiene un amplio espacio. El establecimiento de unos requisitos de competencia, sin prácticas oscuras (méritos, requisitos ad hoc…), podría paliar parte de las insuficiencias. O repensar la fórmula de acceso, que incide en su extracción social provocando sesgos en la composición del aparato judicial.

Por lo que respecta a la Fiscalía, GRECO critica contundentemente la dependencia del Gobierno y la inexistencia de mecanismos de transparencia y publicidad de los contactos. Causa cierto sonrojo para cualquier persona informada que el Gobierno afirme que la última comunicación con la Fiscalía fue durante la huelga de los controladores aéreos del 2010.

En definitiva, el informe es perturbador porque pone de manifiesto el déficit de control de la corrupción en los poderes del Estado, pero sobre todo porque señala la escasísima voluntad de ponerle remedio más allá de proyectos con una viabilidad incierta y la ausencia de voluntad política para llegar a acuerdos. Recordemos que la reforma del CGPJ del 2013 fue aprobada en solitario por el PP.

El informe GRECO enciende nuevamente las luces rojas de la calidad democrática. De forma más aguda cuando toca derechos fundamentales, como la tutela judicial empañada por el control político de nombramientos judiciales, pero también transversalmente.

*Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Analista de Agenda Pública.