Haciendo caso omiso de la recomendación del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, el Gobierno no aumentará drásticamente el precio del tabaco para conseguir así una disminución del consumo. Una estrategia que se ha experimentado, con éxito, en Francia. En esta decisión no han pesado criterios de salud pública, sino el dictamen del Ministerio de Economía: la medida debe posponerse para evitar que la inflación se resienta.
Es discutible que imponer un severo peaje sea el eje de la política de combate contra el tabaquismo, un hábito nocivo para los consumidores y ruinoso para la sanidad pública, ya que no sería equitativo y sólo tendría efecto sobre los niveles más bajos de renta. Aunque sí resultaría más razonable la propuesta de mínimos planteada por los expertos: un aumento del 10% en el precio, que podría ser suficiente para disuadir a parte de los menores de edad que se incorporan al consumo del tabaco. Y sí se debería avanzar decididamente en la prohibición del consumo en los lugares donde se perjudique a los no fumadores, en el realismo de las campañas de información y en la disponibilidad de apoyo médico a quienes decidan dejar de fumar.
