Ni en una sola ocasión, Junts per Catalunya apoyó la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. De las dos primeras abstenciones a los siguientes cuatro votos negativos del grupo parlamentario con un discurso cada vez más duro contra la propuesta del Gobierno nacional, con acusaciones de autoritarismo y recentralización. Y en menos de un mes, el presidente Quim Torra intenta imponer un estado de alarma encubierto sin control del poder legislativo y en contra del poder judicial.

Cuatro meses del Gobierno catalán en un tira y afloja continuo, pidiendo confinarse territorialmente desde el 13 de marzo, desmontando el hospital de campaña levantado por el ejercito en Sabadell, y solicitando adelantar a la fase tres cuando apenas llevaban una semana en la fase 2. Tanta prisa por recuperar la potestad competencial, tanta improvisación en los trabajos de rastreo, con la externalización del servicio a una empresa privada de servicios, y tantos lamentos cuando los brotes se han disparado.

La rueda de prensa de ayer del president de la Generalitat era una mezcla del conocido victimismo marca de la casa, y una llamada de auxilio al Gobierno de la nación. Es más fácil ante las quejas de empresarios, alcaldes o personal sanitario seguir manteniendo el papel de chivo expiatorio frente a un enemigo exterior, que asumir las responsabilidades. La cordura ante tanta imprevisión la han puesto los alcaldes del Baix Segrià, solicitando de manera unánime una mayor y rápida información desde la Consejería de Salud, mayor dotación de personal sanitario y de mediación social, y colaboración interadministrativa. Repiten el todos a una, que desde algunas administraciones no terminan de entender, deseosas de colgarse las medallas de las buenas noticias que ayudan a su hecho diferencial e incapaces de trabajar solidariamente.

El presidente Torra hacía un llamado a todos los partidos políticos catalanes, soberanistas o no, pidiendo que les respaldaran en ese esperpento de confinamiento, cuando él no ha dejado nunca espacio a ningún tipo de colaboración. Siempre en la confrontación constante con sus propios socios de gobierno, en una rivalidad extenuante e improductiva, midiendo cada decisión en términos de rédito electoral, sin más directriz que el de salvar su proyecto personal como lo hizo en su momento el expresidente Carles Puigdemont. Desde la interinidad del Gobierno catalán se gestiona peor esta crisis sanitaria y económica que no terminará en octubre con la vendimia, aunque muchos se empeñen.