El inicio del año económico tiene su propia tradición: la subida de los precios regulados por las administraciones. La mayoría de esas alzas se centran en el sector del transporte público y autopistas de peaje, y en los servicios con contador: agua, gas, electricidad y telefonía. En la mayoría de casos se toma como referencia el índice de precios al consumo (IPC), aunque se desconoce aún el definitivo del 2003.
No siempre está justificado que una tarifa suba en función de la inflación. En el caso de la energía, tenemos este año una situación dispar: el impuesto sobre carburantes no sube, pero el precio de la gasolina tampoco refleja la caída del dólar. El gas baja unos céntimos, pero ese precio se revisa varias veces al año. En cambio, la tarifa eléctrica ha aumentado para todo el 2004, después de que se sepa que las compañías han invertido el 7,3% menos que en el 2002 y que el consumo ha subido el 6%. Y en el caso de Telefónica, pese a tener aprobado un incremento de la cuota de abono, la compañía anuncia que no lo aplicará hasta marzo. Entre el electoralismo y el uso de las tarifas para modular el IPC se olvida la cuestión clave: que esas revisiones deben estar más vinculadas a la exigencia de mejoras en el servicio.
