La salida de la crisis en términos macroeconómicos está destapando el carácter crónico del drama de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo. Esta práctica es en sí misma un atropello a los derechos y a la dignidad de los trabajadores y, mayoritariamente, de las trabajadoras. Pero es el indicador de muchas otras cosas. La primera es que estamos saliendo de esta crisis ahondando en los males que la convirtieron en la peor de las últimas décadas. El empleo precario revela lisa y llanamente que el crecimiento sigue proviniendo mayoritariamente de los sectores con menor valor añadido en los que las empresas españolas son competitivas únicamente en términos de costes laborales más bajos.

En segundo lugar, como denuncian los sindicatos, la temporalidad lleva consigo unas prácticas de cotización a la Seguridad Social que además de rozar la ilegalidad ponen en riesgo su viabilidad a medio y largo plazo. La contratación temporal maquilla mes a mes los indicadores del empleo en España, cosa que permite a la ministra Báñez sacar pecho y alabar el crecimiento económico de su Gobierno. Pero en meses como el de agosto, el espejismo se desvanece porque las altas temporales no compensan las bajas estructurales. Con el tipo de empleo actual, España muy difícilmente podrá en el futuro mantener las prestaciones sociales que constituyen la base del modelo europeo.

Empresarios y trabajadores llevan años sin ser capaces de llegar a acuerdos. Los empleadores han jugado con ventaja porque han conseguido que las leyes les permitan soslayar la rigidez teórica del mercado laboral español. Lo han hecho en nombre de la crisis y de la necesidad de reactivar la economía. Pero la persistencia de la precariedad les condena a una limitación estructural de la demanda interna, a un aumento de la fiscalidad y a la renuncia a formar parte de una economía competitiva en los sectores de mayor valor añadido. La salida de los números rojos y el alivio del endeudamiento les debería llevar a mirar un poco más lejos y pensar en la sostenibilidad de sus empresas no solo en su rentabilidad inmediata. Y de igual manera los sindicatos deberían entender que la manera de salir de este bucle exige en algún momento romper una legislación que actualmente ya no cumple casi nadie, incluso de manera perfectamente legal.