En cualquier régimen democrático, sería inútil procurar una imposible unicidad de las opiniones y actitudes política. Recuérdese por cuanto nos corresponde tener en cuenta, que el art. 1.1 de nuestra Constitución propugna como «valores superiores» de nuestro ordenamiento jurídico la «libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», añadiéndose en el apartado 2 del mismo artículo que «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado»; ese es, por tanto, el ineludible punto de partida: constitucionalmente, la última palabra siempre la tiene el pueblo español en su conjunto, vía referéndum.

Lo que ha sucedido en Cataluña (que quiere decir al mismo tiempo, en España entera) cabría concretarlo algo más, para constatar que el origen del mal, su epicentro, se localiza en el equipo de Govern de la Generalitat y de manera singular en su presidente, intentando hacer lo que nuestra Constitución no permite al menos, por la vía empleada mediante decisión inducida por Puigdemont; simple y llanamente, eso fue lo sucedido.

Para argumentar en contra de esa realidad, no basta suponerse amparados por ese imaginario «derecho a decidir» del que se suponían asistidos aquellos gobernantes ni tampoco, pensar que «Madrid» no quiera entender a los así protestantes. Ambas consideraciones son falsas; en primer lugar, porque la Constitución no permite emplear populismo alguno para desoírla ni en absoluto, para dejarla de observar sin derogarla antes; en segundo lugar, porque encima, quienes lo han intentado lo hicieron sin respetar en absoluto, lo que dispone nuestra Carta Magna y sin agotar el repertorio de razones que se les oponen; cabe poner de relieve que es cínico, ampararse en las facultades que tienen con arreglo a la Constitución para defraudarla en lo que no les conviene. Sin ningún género de dudas, es plenamente inconstitucional, defraudar la Constitución, desobedeciéndola para intentar independizarse. Así, es de tener en cuenta de manera inequívoca, cuanto sigue:

1) La Constitución no otorga a ningún presidente de comunidad autónoma, autorizándole nada menos, que para separarse del resto de España y haciéndolo incluso, cómo y cuando tal presidente quisiera. No hay precepto constitucional que lo autorice. Adviértase que una medida de tal naturaleza afectaría al conjunto del Estado y que no es en consecuencia, nunca sería un asunto particular de la comunidad que la adoptase.

Entonces, ¿nunca es posible tal separación? Tampoco es así exactamente porque es posible si bien únicamente, por la vía que establecen los artículos 167 y 168 de la Constitución; no hay otra manera lícita de intentarlo y desde luego, sería difícil por ejemplo que se lograra en toda la Nación un referéndum favorable a tal trampantojo, a cargo de todos los españoles pero téngase presente: la Constitución no prevé en absoluto, otra manera de irse.

2) Entiendo que quienes intentaron ese fraude no se equivocaron, sino que tomaron esa iniciativa a ciencia y conciencia de lo que hacían y tras ser advertidos como se ha dicho, de que ese no era un camino que la Constitución permitiera, esto es, erraron a sabiendas. También conocían que lo que iban a hacer sería nulo de pleno derecho. Así es.

3) Repito que ningún precepto constitucional permite emplear una vía alternativa porque no existe ninguna para eludir los raíles que señala la Constitución en sus citados artículos 167 y 168.

Visto todo eso y otras cosas que más vale no citar ahora, deseo acabar destacando el nivel de justa preocupación que sufre y manifiesta la ciudadanía, ante actitud tan poco ejemplar como la de ese trampantojo que levantó el cesado presidente de la Generalitat y sus conscientes o inconscientes colaboradores. Pero conste también, que Cataluña, España entera y la Unión Europea no solo deben ser sino que son partes importantes de un mismo y gran proyecto que previsiblemente, se irá construyendo a lo largo del presente siglo. No hay otro camino.