Más allá del dilema jurídico sobre si tiene prevalencia la convocatoria de elecciones anticipadas anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a media mañana de ayer o las mociones de censura presentadas contra ella poco después por el PSOE y Más Madrid (el partido de Íñigo Errejón), que se acabará resolviendo en los tribunales, esas acciones y el barullo que generaron muestran la debilidad de las alianzas que se forjaron entre PP y Ciudadanos en algunas autonomías y la inestabilidad política que conlleva su dependencia de los votos de Vox. Ponen también al descubierto la profundidad de la crisis del Partido Popular y su incapacidad para alejarse de la sombra que proyecta sobre él la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero quizá lo más grave es que reflejan lo lejos que están a veces los políticos de la ciudadanía, mucho más preocupada ahora por las crisis sanitaria y económica que por las inquietudes partidistas de sus representantes.
Los acontecimientos, que se produjeron en cascada, comenzaron con la presentación por parte de socialistas y naranjas de sendas mociones de censura en la comunidad y el Ayuntamiento de Murcia, instituciones en las que Cs gobernaba hasta ahora con el PP, y continuaron con la ruptura unilateral por parte de Ayuso de su pacto con el partido de Inés Arrimadas y el cese de sus seis consejeros, temerosa de que Cs repitiera en Madrid la operación murciana. También en Castilla y León los socialistas presentaron otra moción sin tener garantizado el necesario apoyo de al menos cuatro diputados naranjas.
Estas iniciativas desencadenaron un terremoto político, que puede modificar el tablero electoral y que se produjo en medio de la excepcional situación de desaliento social que ha provocado la pandemia del covid-19 y cuando la ciudadanía está más preocupada por saber cuándo le van a poner la vacuna que por la zozobra que genera en sus representantes políticos la posibilidad o no de continuar en sus cargos. Se podría, por tanto, hablar de irresponsabilidad. No tanto en las mociones murcianas, argumentadas en la necesidad de acabar con la corrupción del PP, como en la súbita decisión de la presidenta madrileña, que rompió la coalición y convocó elecciones solo por el interés de aprovechar su tirón en las encuestas para tratar de mantenerse al frente del Gobierno de la comunidad.
Ayuso intentó revestir su actuación de interés general -«por el bien de Madrid y de España», dijo- cuando su único objetivo es no verse despojada del cargo como le va a ocurrir la próxima semana a su compañero murciano. Si finalmente hubiera elecciones en Madrid el 4 de mayo su mayor éxito sería ser la candidata más votada, pero, dada la fragmentación política actual, es prácticamente imposible que obtenga una mayoría absoluta, lo que, de gobernar, incrementaría su dependencia de Vox.
