El lunes, día 3 tuve la oportunidad de presentar ante la sociedad el resultado y conclusiones del Informe Especial sobre la Situación de la Provincia de Teruel, el primero de los que han de venir en mi labor como Justicia de Aragón.

Y no ha sido casualidad, sino causalidad, tanto la temática como la geografía que pretende analizar desde diferentes puntos de vista.

La despoblación es hoy en día el principal problema que sufrimos en Aragón, y muy especialmente en la provincia de Teruel.

Soy plenamente consciente de su gravedad e incidencia; tanto como aragonés y Justicia, como por mi origen soriano. Lamentablemente en este y en otros aspectos Soria y Teruel son provincias gemelas, y yo mismo soy el resultado de la emigración de dos sorianos, mis padres, en los no tan lejanos años 50.

No tan lejanos, porque la emigración, especialmente de nuestros jóvenes sigue siendo una realidad hoy, y la existencia de familias rotas, de pueblos que sólo recuperan su alma en el periodo estival, y de sueños que nunca llegan a realizarse, es una realidad cruda y dura en Teruel y en buena parte del interior de España.

Pero muchas veces nos hemos encontrado ante la duda de si la despoblación es fruto del olvido institucional, o si la misma, aumentando el ya poco peso electoral, ha sido la causante del olvido institucional, no justificable en cualquier caso.

Mi elección el pasado día 19 de abril y la convocatoria de la impresionante manifestación de Zaragoza del 6 de mayo permitió, en este caso feliz coincidencia, que el primer colectivo que recibiera en la sede del Justiciazgo fuera la Plataforma Teruel Existe.

Con ellos, y con la sociedad turolense adquirí dos compromisos, mi apoyo en sus reivindicaciones y el Informe presentado en la capital turolense esta semana.

Una semana que coincide con los actos de los 40 años de la Constitución Española.

Una Constitución que ha buscado consagrar principios básicos: democracia, justicia, descentralización, derechos sociales…pero con uno esencial: la igualdad de oportunidades, y añadiría: sea cual sea el territorio donde se resida.

Y este, obviamente, no se cumple en Teruel.

Antes de que se aprobara la Constitución, en Miravete de la Sierra, los turolenses ya lanzaron un mensaje de futuro que 41 años después todavía no ha sido escuchado: Salvemos Teruel.

Sé que con este informe no salvaremos Teruel, ni tan siquiera lograremos hacer un análisis fidedigno de su situación en todas sus vertientes, pero hemos querido realizar nuestra aportación a un problema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos los aragoneses como sociedad.

Mi Lugarteniente, Javier Hernández, coordinador del informe, ha realizado una compilación de todos los estudios realizados sobre las diferentes materias sensibles a la provincia y una búsqueda de datos con aquellos agentes sociales, políticos y económicos que cada día trabajan por buscar un futuro más esperanzador en Teruel.

Y con ellos hemos podido dibujar un mapa de aquellos aspectos que son comunes en la falta de oportunidades al desarrollo, así como las fortalezas y virtudes con las que nuestra provincia del sur puede y debe brillar con luz propia.

Nos hemos encontrado también, lamentablemente, con que algunas instituciones no han colaborado con nosotros en este quehacer, siendo especialmente decepcionante la falta de interés mostrado por los dos ayuntamientos más grandes de la provincia: Teruel capital y Alcañiz.

Con el análisis, tanto de los estudios previos como de los datos recibidos, hemos convenido en destacar algunas conclusiones que creemos deberían ser los ejes vertebradores de la acción de la sociedad para con Teruel.

1. Queda patente que la sociedad turolense está concienciada de su situación, incluso por delante de sus administraciones en muchos casos.

2. Sería necesaria la existencia de una autoridad independiente de coordinación de las inversiones a las que se destinan los distintos Fondos Especiales que se han venido otorgando al conjunto de la provincia.

3. Ha sido acertada la política de grandes proyectos, pero es necesario igualmente el desarrollo de actuaciones pequeñas y medianas, que son las que realmente generan empleo y consolidan la población en el territorio.

4. Se hace precisa una defensa conjunta ante las instituciones españolas y europeas a fin de lograr fondos necesarios para el desarrollo de las demandadas infraestructuras.

5. Se debería incentivar el arraigo de los trabajadores públicos en las localidades donde prestan sus servicios, tanto para la mejora de la calidad de estos, como su implicación directa en el territorio.

6. Las administraciones deberían anticipar las políticas derivadas de la necesaria reconversión de la actividad económica en aquellas comarcas que irremediablemente se van a ver afectadas por desinversiones, trabajando a medio y largo plazo y no con una premura fruto de la no asunción de la realidad.

7. Las complejas medidas contra la despoblación deben incentivarse desde lo local con un punto de vista global.

8. Se deben reconocer las debilidades y amenazas que afectan al territorio de Teruel, pero también sus potencialidades y casos de éxito únicos.

En nuestra mano, la del conjunto de la sociedad y de sus representantes, está el multiplicar esas potencialidades para luchar contra los debilidades, y en ese trabajo, tengan la seguridad, tendrán siempre los turolenses a su Justicia de Aragón.

*Justicia de Aragón