Que un medio internacional te dé un repaso sobre las debilidades de tu país nunca es bien recibido, si además es una de las revistas médicas más prestigiosas, es un varapalo en toda regla. Te ves reflejado en una imagen que no reconoces en su totalidad, lo mismo que ocurre cuando los corresponsales en España cuentan su visión del país o Paul Preston desmitifica la transición española y los últimos años del franquismo. Hay una buena parte de la editorial sobre el fin precipitado del confinamiento nacional y la lentitud en configurar el sistema de localización y seguimiento de casos, después, que ya nadie rebate como mucho silencia.

Pero es el diagnóstico sobre nuestra sanidad, aquella que creíamos entre las mejores del mundo, el que nos aleja de los eslóganes y nos muestra un sistema debilitado como consecuencia de las políticas de austeridad desde la crisis de 2008. Tenemos una sanidad infrafinanciada, y como ejemplo del problema de recursos humanos las 5,9 enfermeras por mil habitantes, una de las menores tasas de Europa, que tiene de media 9,3. Y apunta a la precariedad del sistema de contratación de los trabajadores del sistema, a veces por semanas o incluso por días.

El argumento de mantener la calidad de los servicios públicos con menos es un trampantojo ya descubierto, esperemos que para no olvidar. No hay trucos en la gestión pública, además de la eficiencia se necesita el aumento de la inversión y llevamos diez años de caída libre. El voluntarismo del personal sanitario teñido en los últimos meses de heroísmo no es más que una mala noticia que debería tornarse en unas condiciones laborales que no expulsen la inteligencia al extranjero. Pero es el peso que le otorga a la polarización política y la descentralización para no haber obtenido una adecuada respuesta de salud pública, lo que más sorprende en una revista médica. Somos un país con una parálisis parlamentaria que se arrastra desde la última reforma constitucional de 2011, con un sistema de bloqueos y contrabloqueos desde la aparición de los nuevos partidos políticos que impide cualquier adaptación a la realidad. Seguimos con una estructura de vertebración territorial sin desarrollar según los preceptos constitucionales de hace más de cuarenta años y que ha preferido que fuera la jurisdicción contenciosa la que delimitara competencias o se ocupara de la armonización. No es que lleguemos tarde o de manera reactiva a los problemas, es que los queremos invisibilizar, como en el abierto conflicto catalán, hasta que el agujero nos devore.