El Real Zaragoza anunció ayer que va a poner en marcha un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a todas las áreas de la Sociedad Anónima (SAD) salvo a las parcelas deportivas del primer y segundo equipo. Es decir, solo quedarán exentos los jugadores y los entrenadores de esas plantillas. Será la segunda cascada de despidos que ejecute el club en menos de un año, después de los que afectaron a futbolistas como Zuculini, Movilla o Paredes, purgados después de no llegar a ningún acuerdo con ellos, a técnicos de la casa como Garitano, Solana y Aragón o a trabajadores de distintas áreas de la entidad como Conrado Molina, Rubén Ramos, Purificación Ramón o Conchita Arregui. Todos estos casos están pendientes de juicio.
Unos meses después de aquello, los nuevos propietarios han decidido acometer otro ERE por dos razones: están atosigados por la montaña de deudas por pagar que han heredado y aseguran estar decididos a emprender un proceso de modernización verdadero en el club, que habrá que comprobar si lo ejecutan en la dirección correcta con el paso de los días. La medida anunciada ayer es muy antipopular, como lo es cualquier despido de un trabajador o toda reducción colectiva de sueldos en cualquier empresa, que también la habrá.
Podríamos decir que en el Zaragoza todo funciona como un reloj y que del primero al último merecen lo que tienen. La realidad no es esa. La verdad es que es una SAD anquilosada, sobredimensionada, con mucho paseante a sueldo millonario y con demasiados puestos doblados en niveles diferentes. Es un club funcionarial que necesita renovar sus estructuras con tino para sobrevivir. De lo que se trata es de que con este tijeretazo no paguen justos por pecadores, como tantas veces ocurre, sino los pecadores.
