Las personas ciegas o con otras discapacidades han realizado muchos esfuerzos para poder tener un puesto de trabajo digno. La ONCE, con la venta del cupón y el resto de juegos que comercializa, da empleo a más de 20.000 personas que venden sus productos, y que cuentan con la solidaridad de la sociedad aragonesa y española.
Unos juegos que cumplen con la legalidad vigente, pero que se ven atacados por quienes utilizan a personas con discapacidad para realizar juegos y rifas ilegales, a través de redes minoristas de vendedores totalmente indefensos, y que, en Aragón, mueven 450.000 euros al año. Un dinero que no es rentable a la sociedad aragonesa. Un dinero que no crea empleo de calidad. Un dinero que no se pone al servicio de la ciudadanía. Un dinero que no paga impuestos. Un dinero que, en este tiempo de crisis, podría evitar algunos recortes.
La difícil situación económica de los últimos años, el aumento del desempleo han provocado un aumento del número de personas que son explotadas por redes ilegales de juego, la mayoría personas en riesgo de exclusión social, como personas con discapacidad, que utilizan para dar lástima. La crisis ha disparado un 20% el número de personas que padecen esta explotación, que han pasado de 3.099 detectados en los inicios de 2012 a 3.726 a finales de 2013. Repartidas por España hay 23 organizaciones que realizan estas prácticas ilegales, cuyos ingresos estimados han aumentado un 21% en ese mismo periodo, para saltar desde los 69,01 millones de euros anuales a principios de 2012 a 83,9 millones a finales de 2013.
Luchar contra el juego ilegal no es solo cosa de los operadores de juego como la ONCE, es también una cuestión de los responsables políticos que parece que no quieren atajar el problema. Se presentan denuncias, pero las administraciones no responden con la contundencia necesaria. Parece que no se den cuenta del daño que el juego ilegal produce no solo a la ONCE, sino a sus afiliados y a las demás personas con discapacidad que cuentan con el apoyo de la ONCE y su fundación, y que pueden ver mermadas sus ayudas sociales porque estas organizaciones de juego les impiden obtener más recursos para las personas con discapacidad.
Estas organizaciones de juego ilegal, que operan sin control, producen un fraude fiscal importante, ya que al no existir un control de los ingresos que obtienen del producto de sus actividades ilícitas, ni ofrecer ningún tipo de información sobre los mismos, no tributan sobre esos ingresos, ni se sabe a qué los dedican. Ahora que se mira hasta el último euro para recortar en dependencia o discapacidad, es incomprensible que las Administraciones no actúen de forma más contundente ante un dinero que no se ingresa en el erario público.
El Gobierno central, los autonómicos, los ayuntamientos... todos tienen herramientas para luchar contra un juego ilegal que hace mucho daño a la ciudadanía, y no solo a la discapacidad. Una actividad que convierte las calles españolas en un paraíso fiscal para el juego ilegal. Además, las administraciones cuentan con el apoyo de las organizaciones de la discapacidad que quieren acabar con el empleo precario e ilegal de quienes operan fuera de las normas.
El juego ilegal es una lacra frente a la que todos tenemos que luchar. Terminar con estas actividades es hacerlo con el trabajo precario, con la inseguridad jurídica de quienes son explotados, y con la pérdida de dinero para Hacienda. Los operadores legales de juego no pueden pagar por las ilegalidades de otros.
Delegado territorial de la ONCE en Aragón
