Este Gobierno del doctor Sánchez ya nos ha acostumbrado a que todo lo que dice o todo lo que toca se convierte enseguida en una indeseable polémica. Recientemente, la ministra para la Transición Ecológica declaraba públicamente que ella de los toros y la caza no es partidaria y que, si pudiera, los prohibiría. En fin, que la ha liado y de qué forma.
Esta sandez lo único que ha provocado es que nos tengamos que decantar si estamos en el lado de los que apoyan nuestras tradiciones o por el contrario abogamos por que en un tiempo no muy lejano debemos acabar con ellas. Y yo lo tengo muy claro. Si me hacen elegir estoy sin duda por sentimiento, por educación, por razón, por amor a ese arte y la cultura española y por apoyo a quienes mantienen una economía legítima que genera riqueza y empleo además de un alto compromiso con la conservación de la biodiversidad y la naturaleza con los que apuestan por defender y amparar el mundo del toro y la caza. Con los que los practican o lo siguen libremente.
El Partido Popular, recientemente, ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que apoya sin ambages al mundo de los toros y la caza.
De la caza porque lo que supone para unos un deporte para la mayoría representa una oportunidad de trabajo y renta; turismo rural con una demanda nacional e internacional; una forma de vida que contribuye a su vez a mejorar el preocupante fenómeno de la despoblación y contribuye desde este sector cinegético a ofrecer medidas de control y prevención de episodios de riesgo sanitario como los derivados de enfermedades que podrían causar daños incalculables a nuestra cabaña ganadera y, además, en algunos casos puede llegar a ser el único instrumento real disponible para controlar poblaciones ante la ausencia de predadores naturales necesarios para mantener un equilibrio con la capacidad de los ecosistemas. Y así podríamos seguir enumerando muchos más beneficios, pero es indudable que la caza equilibra y potencia aspectos económicos del desarrollo del medio rural y de la conservación de la naturaleza. Y esto no se puede pasar por alto ni un instante.
Hay que recordar que en España 900.000 ciudadanos tienen licencia para cazar, de los que 350.000 están federados o asociados, en un sector que mueve 6.500 millones de euros al año en economía productiva, y según la consultora Deloitte la actividad cinegética representa el 0´3% del PIB español y genera 187.000 empleos.
Y aunque ya sabemos que la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi todas cuentan con leyes propias que regulan esta práctica, sería bueno que el Gobierno, no solo tuviera en cuenta la importancia de esos datos, sino también que existe el derecho a la libertad individual y de elección de los cazadores españoles que practican una actividad totalmente legal, controlada y regulada, aunque el que esto escribe no lo haga.
Resulta que ahora la intención oficial pasa por acabar con nuestras tradiciones, con nuestro sistema de libertades e imponer lo que se puede y no se puede hacer a cada paso. Ahora lo «progre» es enfrentarse a quienes de verdad (y no desde la ciudad, el asfalto y el sillón) defienden la conservación y la gestión faunística, forestal o del patrimonio natural. El entorno rural representa el 85% del territorio de España y resulta un auténtico disparate ignorarlo o atacarlo desde posiciones políticas extremistas y ajenas a la realidad salvo para practicar una política tan falsa como nefasta para el conjunto de los españoles.
Lo que está claro es que a la ministra Ribera, socialista ella, parece que la España rural no le gusta y debería darse cuenta que esto no va de gustos ni va de ocurrencias. Porque se empieza por atacar los toros y la caza y se acaba por subir el diésel a nuestros agricultores, por no ayudar económicamente a nuestros ganaderos o por no acercar a las zonas rurales cosas tan importantes para su desarrollo como es internet de alta velocidad.
De igual forma, nuestra Proposición no de Ley, secunda, avala y respalda a la tauromaquia. Los toros generan en España 199.000 empleos entre trabajos directos e indirectos y según la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos el impacto en la economía española es de 3.560 millones de euros, siendo el segundo espectáculo de masas en España. Pero no todo en el mundo del toro es la economía. No solo es una manifestación artística y seña de identidad propia de España sino también, y muy importante, este sector es el único responsable del mantenimiento del toro bravo ya que sin él haría mucho tiempo que este animal se hubiera extinguido. Estamos hablando de una columna vertebral de nuestra cultura y de nuestro patrimonio histórico que nadie niega fuera de nuestras fronteras y que, sin embargo, el fanatismo de los socios de Pedro Sánchez quiere destrozarlo. Dicho todo esto, es claro que en la parte que a mí, como parlamentario nacional me corresponde, como defensor de nuestras tradiciones más profundas y arraigadas, como valedor acérrimo de nuestras zonas rurales, de nuestra economía, nuestra biodiversidad, nuestra cultura y la conservación del patrimonio natural, forestal o histórico, apoyaré de forma decidida en el Parlamento español todas aquellas iniciativas encaminadas a reafirmar, proteger y potenciar la tauromaquia y la caza. No tengo duda.
*Diputado nacional del PP por Zaragoza
