La trágica muerte de Lucía, la niña de 13 años que se ha suicidado en Murcia, presunta víctima de acoso escolar, vuelve a poner sobre la mesa un problema que en la gran mayoría de casos permanece oculto mucho tiempo bajo una capa de silencio. Algunas voces se han rebelado contra el bullying, esta lacra social que consiste en ataques sistemáticos de grupos que agreden, de una manera u otra, a un individuo. Una de ellas es la escritora Lolita Bosch, que ha publicado recientemente La rabia, un documento en el que ella misma confiesa su condición de víctima en la adolescencia y que da voz a unos 50 casos similares. La denuncia de Bosch estriba en que el acoso «no es un tema público, desgraciadamente, hasta que el adolescente se suicida». Y también reclama un trabajo de sensibilización urgente por cuanto «el bullying es una responsabilidad social», y no solo de las familias o de las escuelas.

El caso de Murcia es especialmente lamentable porque todas las pruebas indican que Lucía ya llevaba tiempo sufriendo los ataques e incluso advirtió de su voluntad suicida en una carta hallada en la escuela. Los protocolos de actuación han fracasado porque, entre otros aspectos a tener en cuenta, seguramente llegan tarde y no son capaces de poner coto a una situación en la que los expertos reclaman una solución dialogada que excluya el simple concepto de castigo (para los agresores) o el cambio de centro (para los agredidos).

En el primer caso, como argumenta Nicholas Carlisle, responsable de la organización americana No Bully, «el castigo a menudo intensifica la venganza contra la víctima». En el segundo, aunque es un recurso desesperado, se presupone que es la propia víctima la que paga por serlo. Conviene, ante todo, establecer e intensificar canales que permitan a los acosados expresar libre y anónimamente su sufrimiento. La posibilidad de explicar el bullying (o su variante 2.0, el ciberbullying, cada día más intensa) es un paso decisivo para erradicarlo, para tratarlo a nivel grupal, para huir de las simplificaciones. Teléfonos como #movilacosos de Aragón o como el del Gobierno español activado en noviembre (con unas 2.000 denuncias en solo dos meses) se inscriben en esta línea, pero es preciso anotar que se requieren más medidas -presupuesto, pedagogía, mecanismos de detección- para un drama que de ninguna forma debemos minimizar.